El representante de una empresa dedicada a la enseñanza y formación se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por recibir parte de una subvención para un curso de formación con el compromiso de contratación sin que llegara a impartirlo ni tuviera intención de hacerlo.
El juicio ha quedado este miércoles visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga y durante el mismo el fiscal ha mantenido la acusación contra el acusado por un delito de estafa, mientras que su defensa ha pedido la libre absolución.
Fuentes judiciales han indicado a Efe de que este caso es una de las piezas separadas en las que se dividió el caso de las presuntas irregularidades en los cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El ministerio público mantiene que el acusado instrumentalizó todo lo relativo a la solicitud y proyecto del curso con el fin de obtener y hacer suyo el 75 por ciento del importe de la subvención, "con el consecuente quebranto patrimonial causado a la administración pública que le concedió la subvención".
El acusado era administrador de un centro de formación y, según el fiscal, hizo los hechos con intención de obtener una ganancia económica indebida y siendo conocedor de que la empresa a la que representaba "carecía en esos momentos de las condiciones necesarias para ser beneficiario de la ayuda pública".
El 23 de julio de 2010 presentó una solicitud de ayuda pública ante el Servicio Andaluz de Empleo para participar en el Programa de Acciones Formativas con el compromiso de contratación.
Para ello, supuestamente aportó a la solicitud el compromiso de contratar a nueve alumnos participantes en el curso de administrativo comercial mediante la formalización de un contrato de seis meses a jornada completa.
En diciembre del mismo año le concedieron la subvención que era en total de 79.950 euros para cubrir los costes de ejecución de acciones formativas ajustadas al curso.
Con la finalidad de obtener para sí el 75 por ciento del importe de la subvención y "reforzar de credibilidad a su espurio compromiso de realizar el curso" presentó en febrero de 2011 un ficticio proyecto con una ficha de contenidos, programación y calendario del curso.
El fiscal mantiene que incluso incluyó la ficha de una monitora que desconocía el curso e incorporó sin su consentimiento ni conocimiento su currículum y experiencia formativa al citado proyecto.
El curso que desde el principio el acusado no pensaba ejecutar, siempre según la versión del fiscal, constaba de 820 horas y se iba a desarrollar en Málaga capital.
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