Unos 500 taxistas, según la organización, se han manifestado y concentrado este miércoles en Málaga capital para exigir la regulación de los VTC al Gobierno andaluz y a los ayuntamientos que, "en base al dictamen del Tribunal Supremo del año pasado y al decreto ley que se aprobó en octubre de 2018, ejerzan sus competencias para elaborar normativas que eviten que suframos lo que solo puede verse como intrusismo".
"Queremos que se cumplan las leyes", han afirmado los taxistas que, a pie, han partido desde la estación de tren María Zambrano de Málaga, y han continuado por plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, Mauricio Moro, puente de las Américas, calle Hilera, Compositor Lehmberg Ruiz y plaza de San Juan de la Cruz, donde se han concentrado para la lectura de un manifiesto y han entregado un documento en el registro de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía.
El sector exige, por tanto, que la norma a elaborar por la Junta recoja las reivindicaciones originales del sector basadas en la precontratación en tiempo, la eliminación de la geolocalización de los vehículos disponibles en las plataformas telemáticas, la web de control y otros puntos que fueron "fundamentales" en las primeras alegaciones presentadas, además de que "todas las voces del sector sean escuchadas y no solo las de un parte que dicen ser representantes de todo el sector".
En el manifiesto las asociaciones convocantes exponen que al iniciarse las conversaciones con la Consejería de Fomento y presentar la Junta un borrador de regulación, el sector coincidió "en que este no daba respuesta a las reivindicaciones, lo que se hizo patente en las diferentes alegaciones entregadas por la mayoría de asociaciones andaluzas al borrador propuestas de ordenación hechas por la Consejería".
Han incidido en que "no entramos a valorar el borrador ya existente, ya que tenemos habida cuenta que es un instrumento más regulador para el servicio del taxi y desregulador para el sector VTC ya que en ninguno de esos puntos regula este último sector como se supone que es y la función para lo que se crea", han advertido tras recordar la legislación vigente.
Además, han añadido que el hecho de que dicho borrador "tenga algunos puntos que puedan, de forma accesoria, verse como positivos, no quiere decir que sea el documento que responde a las peticiones originales de la mayoría del sector, siendo por tanto incorrecto que se esté trabajando en la dirección que el sector ve necesaria".
Sí han aludido, en este punto, "a una propuesta de suma gravedad y poco sustento ético", como es "dotar a empresas privadas de suelo público, cosa que es de dudosa legalidad, para su uso, disfrute y lucro", posicionándose en contra.
De igual modo, han apuntado que teniendo en cuenta que "la contratación y explotación de los trabajadores" a los cuales están adscritos estas empresas "disruptivas y los fraudes que de ello devengan son más cuestión de otras consejerías que la de Fomento", pero sí han insistido en que en su modelo de negocio "muchas veces se esconden falsos autónomos o asalariados contratados a través de sociedades pantalla y con maratonianas jornadas de trabajo", lo que pone "en grave peligro sus condiciones físicas y psíquicas, las cuales repercuten negativamente en su salud y en la de la ciudadanía".
También han reiterado que las comunidades autónomas tienen "plenas facultades y competencias" para regular cualquier tipo de transporte que transcurra por su territorio "no siendo una excepción el sector VTC", no entendiendo, por tanto, "el motivo del agravio comparativo existente entre comunidades como Euskadi, Cataluña o Valencia".
Por último, han defendido que "esto no va, como a veces se ha dicho, de que estamos en contra de la competencia o que no aceptemos los cambios tecnológicos".
"El sector lleva mucho tiempo usando aplicaciones y la mayor flota sostenible en movilidad, siendo a veces la propia administración el principal escollo para nuestros avances", han afirmado, insistiendo, por tanto, en que "el problema son determinadas multinacionales, que tributan fuera de España en paraísos fiscales y que explotan a sus trabajadores en un modelo de negocio que lo que pretende es acabar con el sector del taxi".
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