La defensa de la edil del equipo de gobierno del PP en Málaga Teresa Porras pide que se archive en lo que respecta a ella el caso sobre las presuntas "injerencias políticas" en la tramitación de expedientes de infracciones y reestablecimiento de la legalidad, en concreto en la urbanización Villas del Arenal. Considera que no hay indicios ni responsabilidad alguna por parte de la concejala.
Así lo ha asegurado su letrado, José Carlos Aguilera, quien ha apuntado que, tras las declaraciones celebradas este martes en el Juzgado de Instrucción número 8, que lleva la causa, y con las que terminen las previstas, se solicita el sobreseimiento de la investigación contra Porras "porque de lo que hasta ahora se conoce no hay ni un solo indicio que justifique su presencia en este caso".
Al respecto, considera que "no existe el menor viso de responsabilidad alguna en estos hechos, si es que la hubiera, y por tanto no es necesario que continúe en esta situación procesal, que tiene unas connotaciones ajenas al proceso", ya que va en el número 3 de las listas del PP de la capital para las próximas elecciones municipales.
Aguilera ha incidido en "la dimensión política o relevancia que adquiere este asunto, ajena al proceso, pero que es una realidad y compromete un principio importante" y ha dicho que "si todas las partes ponen de su parte" --ya que tendrán que pronunciarse sobre la petición de archivo-- la resolución sobre la situación judicial de Porras en este procedimiento "podría estar en cuatro o cinco días".
Asimismo, ha esperado que "en breve" se pueda pedir el sobreseimiento respecto a los otros dos investigados, el gerente de Urbanismo, José Cardador, y el edil de dicha área, Francisco Pomares. En el caso de ellos, el abogado ha explicado que queda pendiente de incorporarse a la causa un informe de la Udyco y algún otro de la Gerencia, "información que tenemos que conocer".
El letrado ha considerado que la instrucción de esta causa "se puede entender cuasi finalizada". Tras declarar este martes cinco testigos, vinculados con la Gerencia de Urbanismo, entre ellos tres que, según la denuncia inicial del fiscal, formaban parte del 'equipo b' creado para gestionar los expedientes de dicha promoción. El letrado ha dicho que estos han negado "rotundamente" que existiera injerencia política para ralentizar la tramitación.
Asimismo, ha indicado que los informes del Seprona de la Guardia Civil sobre el objeto de investigación "tienen inexactitudes, imprecisiones y errores de concepto mayúsculos". Esta parte ha aportado en el juzgado un informe de la Gerencia Municipal sobre la situación de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística en los expedientes de infracciones tramitados sobre Villas del Arenal.
Al respecto, la defensa señala que de dicho documento se deduce que de los 127 procedimientos examinados, hay 89 archivados o pendientes de archivo, bien porque se ha procedido a demoler la obra ejecutada (40), por caducidad de la acción de restablecimiento (33) o porque se ha legalizado la obra (16). Asimismo, indica que existen otros 37 expedientes con resolución dictada ordenando demoler o legalizar y "solo un" expediente sin resolución.
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