La Fiscalía Anticorrupción se ha hecho cargo del proceso que se sigue para esclarecer las supuestas injerencias políticas en la tramitación de expedientes administrativos urbanísticos y en el que están citados los ediles del Ayuntamiento de Málaga Francisco Pomares y Teresa Porras (PP).
Los ediles están citados en calidad de investigados después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga recibiera una denuncia de la Fiscalía para que se les tomara declaración a ellos así como a todas las personas que puedan aparecer en la instrucción de la causa.
El fiscal presentó una denuncia por presuntos delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos contra Pomares, edil de Ordenación del Territorio y Vivienda; Porras, responsable de Servicios Operativos; y el gerente de Urbanismo, José Cardador.
El pasado mes, el juez acordó citarlos "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido".
Los investigados declararán el próximo 25 de abril; a las 9:30 horas Francisco Pomares; a las 11:00 José Cardador y a las 12:30 Teresa Porras.
Los dos ediles están representados por el letrado José Carlos Aguilera Escobar, que ha llevado la defensa de numerosos cargos públicos del PSOE, y a José Cardador lo representa el exalcalde socialista y doctor en Derecho Antonio Caba Tena.
Aguilera Escobar ha indicado a Efe que no le sorprende que sea Anticorrupción la que se haga cargo del caso ya que en los estatutos de la fiscalía este tipo de delitos siempre tiene la competencia Anticorrupción por tanto ha subrayado que "no solo no le sorprende sino que lo considera lógico".
El ministerio público incoó las diligencias de investigación a raíz del escrito presentado por ediles del grupo municipal de Ciudadanos tras las manifestaciones efectuadas en septiembre de 2018 por dos exjefes de Disciplina Urbanística en la comisión de investigación de Urbanismo sobre la tramitación de expedientes.
A esta denuncia, relacionada con la posible pasividad del Ayuntamiento ante determinadas infracciones, en concreto con la promoción del conjunto de chalés "Villas de Arenal", se unieron los escritos y documentación presentados posteriormente por el grupo municipal de IU Málaga para la Gente y el PSOE.
En la comisión de investigación, los técnicos alertaron de injerencias políticas a partir de la llegada en agosto de 2013 de Francisco Pomares como concejal de Ordenación del Territorio, particularmente en relación con la promoción "Villas del Arenal".
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil hizo un estudio de los expedientes de Disciplina Urbanística de la urbanización "Villas del Arenal" que concluyó que de los 143 existentes se archivaron 60, la mayoría por prescripción de la infracción.
De los otros 83, hay cuatro en los que se ha resuelto imponer una sanción, si bien sólo consta el cobro de multa en uno de ellos.
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