Actualizado: 21:37 CET
Viernes, 22/02/2019
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Málaga

“La responsabilidad penal, si la hubiese, sería del pocero”

Los abogados, del dueño de la parcela de Totalán (Málaga), aseguran que su cliente “estaba convencido de que el empresario tenía todas las licencias”

  • David Serrano Alcaide, dueño de la finca de Totalán (Málaga).

Los abogados de David Serrano, el propietario de la finca de Totalán (Málaga) donde estaba el pozo en el que falleció el pequeño Julen de dos años tras caer en el agujero  el pasado 13 de enero, aseguraron ayer que “la única responsabilidad penal, si la hubiese”, sería del pocero que realizó la perforación.

Los letrados han indicado en rueda de prensa que su cliente era “conocedor” de la necesidad de tener licencia para la apertura de un pozo, pero se lo había “encomendado” a un profesional que se debía encargar de solicitarlas, en alusión al pocero.

El propio Serrano ha explicado que compró la propiedad hace cuatro meses y contrató al pocero, que le hizo “un boquete de más de cien metros” y después se marchó y le dejó el boquete “tal cual”.

Por ese trabajo le cobraría 12 euros por metro de pozo si no se encontraba agua, como sucedió, y 27 euros si se encontraba agua, y unos días después un amigo de Serrano hizo una excavación en el terreno para construir un muro de contención.

“El día de la desgracia”, ha añadido el dueño de la finca, tapó el agujero con dos bloques de hormigón y advirtió a los demás del peligro “de que alguien podía meter un pie allí y partírselo”, pero “jamás” pensó que “ahí podía caber un niño”.

“Tengo una niña chica de 2 años que estaba allí con Julen jugando, podría haber sido mi niña (la que hubiera caído) y nunca me voy a perdonar que no haya visto ese peligro ahí”, ha lamentado. 

Antonio Flores, uno de los abogados, ha resaltado que su cliente estaba “convencido en todo momento” de que el pocero “tenía todas las licencias oportunas” y además es común que las empresas de sondeos ofrezcan entre sus servicios “la gestión integral de licencias”.

Flores ha asegurado que no están buscando “una culpa alternativa” a la del dueño de la finca sino que van a “luchar” contra la “sensación de que debe haber un culpable”, algo que “va en contra del Estado de Derecho, porque no puede haber una presunción de culpabilidad para ninguna de las partes”.

Por su parte, el arquitecto, Jesús María Flores, ha indicado que el empresario debería haber exigido al propietario de la finca la documentación requerida antes de hacer la perforación.

En cuento a la piedra de 15 kilos que colocó sobre el pozo el empresario según “manifestó a la Guardia Civil2, el arquitecto ha recalcado que “nadie la ha visto, salvo él”, y se trataría de “un nuevo incumplimiento de la ley”, porque el organismo de cuenca es quien establece cómo se sella un sondeo en el que no se ha hallado agua.

En este sentido, ha subrayado que estas prospecciones deben rellenarse normalmente con el mismo material que se ha extraído y “con hormigón en los últimos metros”, para “proteger los acuíferos y también a los animales y personas”.

El informe elaborado por Flores concluye que el accidente se produjo “como consecuencia directa de las acciones y omisiones de un profesional que, teniendo los medios, la maquinaria y los conocimientos técnicos y legales, perforó un pozo de 110 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro a sabiendas de que quebrantaba la ley, sin autorización, sin proyecto de ejecución y sin adoptar las mínimas medidas de seguridad”.

Pozos peligrosos

La Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía (Atpca) activó el pasado 27 de enero un registro de pozos peligrosos después de la alarma generada por el caso de Julen. En poco más de una semana, en concreto hasta el mediodía de ayer, se han registrado 39 prospecciones en el formulario habilitado en la página web del colectivo.

“Mucha gente pone en las redes sociales pozos y demás pero allí poco caso se le puede hacer, eso no va a ningún sitio; por eso y por la alarma generada por el triste suceso de Julen decidimos activar este formulario”, ha explicado el presidente de Atpca, Rafael Gálvez.

El objetivo es prestar ayuda para sellarlos y calmar esta alarma social generada. En estos nueve días han llegado muchos avisos de pozos considerados peligrosos, es decir, sin señalizar ni proteger, en todas las provincias andaluzas excepto en Jaén. Todo lo que se recibe en la base de datos se filtra y se registra.

De igual forma, los técnicos de Protección Civil advierten, no obstante, de que si el pozo del que se va a informar presenta un “peligro inminente” que ponga en riesgo vidas, se llame de inmediato a Emergencias 112 Andalucía.

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