El portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha pedido este viernes al alcalde, Francisco de la Torre que asuma sus responsabilidades políticas en el caso de los expedientes de infracciones urbanísticas sin tramitar "ya que está plenamente acreditado que el alcalde tenía total conocimiento de todo lo que estaba pasando".
De igual modo, Zorrilla ha exigido la dimisión inmediata de los ediles del PP Francisco Pomares y Teresa Porras y del gerente de Urbanismo, José Cardador, "por la gravedad de los delitos de los que se les acusa, después de que la Fiscalía les denunciara por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos".
Zorrilla ha dicho sobre el conocimiento de lo que estaba pasando por parte del alcalde que "no es una suposición, sino que hay escritos dirigidos a él y algunos con acuse de recibo".
"El alcalde lo sabía y lo permitió y en vez de actuar permitió que se apartara de sus funciones a personas que no querían mirar para otro lado y que ponían obstáculos a las injerencias políticas y dificultaban que se pudieran perpetrar delitos gravísimos como los que ahora se investigan", ha subrayado Zorrilla.
También portavoz de la coalición de izquierdas ha calificado el asunto como "el más grave y escandaloso" que se ha vivido, "no sólo esta Corporación, sino en todo el periodo de gobierno del Partido Popular". "No solo se les acusa de graves delitos sino que además se ha ordenado a la Policía que se siga investigando hechos muy preocupantes como la desaparición de documentos, alteración informática y nuevo foliado de los expedientes", ha señalado a través de un comunicado.
Zorrilla entiende que no existe precedente alguno en época democrática, aunque sí se produjo un escándalo en la etapa de Pedro Aparicio como alcalde con el asunto de la cooperativa de Paidemaco.
"Recordemos que provocó la dimisión de dos concejales del equipo de gobierno que en aquel entonces no estaban imputados. Creemos que la ética en el desarrollo de los cargos públicos va más allá. Los hechos pueden terminar siendo condenados o no, pero la ética política exige la dimisión por ser comportamientos inadmisibles en un representante público", ha explicado.
Asimismo, Zorrilla ha recordado las actuaciones que su grupo ha realizado para solucionar y conocer lo sucedido, pero no obtuvieron respuestas, "en 2017 hasta en cinco ocasiones nuestro grupo pidió todos los expedientes y la información sobre infracciones sin tramitar y que hubieran prescrito o caducado, al no darnos el equipo de gobierno ningún dato llevamos este asunto a la comisión de transparencia de febrero de 2018", ha enumerado.
En este sentido, ha agregado que "puesto que el PP seguía sin darnos conocimiento de los expedientes, desde IU Málaga para la Gente promovimos una comisión de Investigación y presentamos una moción en marzo de 2018 para que se creara, que fue apoyada por todos los grupos de la oposición en donde se han conocido datos escandalosos como las injerencias políticas, trato de favor, prevaricación y tráfico de influencias por parte de Pomares, Porras y Cardador".
Por último, ha recordado que "en todo el territorio español se ha condenado y encarcelado a concejales y alcaldes por no cumplir sus obligaciones en materia de infracciones urbanísticas y no restablecer la legalidad urbanística".
DENUNCIA
De igual modo, Zorrilla ha explicado que "todo apuntaba" a que "podrían haber incurrido en delitos graves, como el de prevaricación por el que ahora se les investiga", por lo que su grupo presentó un escrito de denuncia ante la Fiscalía en septiembre de 2018 que luego ampliaría en octubre, "por delitos gravísimos, que una vez comprobados, con informes de Seprona, que existen indicios de veracidad pasara a un juzgado de lo penal que les investigará por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos".
"De confirmarse la comisión de estos delitos o parte de ellos, los investigados se enfrentarían a elevadas penas de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de cargo público", ha dicho.
Por último, Zorrilla ha señalado que su grupo está investigando si pudieran existir delitos más allá de los expedientes de Villa de Arenal, "puesto que los funcionarios que comparecieron en la Comisión de Investigación hablaron de imposiciones en otros casos".
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