La Fiscalía de Málaga ha pedido que se tome declaración en calidad de investigados a los ediles del Ayuntamiento de la capital Francisco Pomares y Teresa Porras (PP) en relación a las diligencias abiertas para esclarecer las supuestas injerencias políticas en la tramitación de expedientes administrativos urbanísticos.
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que el fiscal ha presentado una denuncia para que declaren Pomares, edil de Ordenación del Territorio y Vivienda, y Porras, responsable de Servicios Operativos, además del gerente de Urbanismo, José Cardador, así las personas que puedan aparecer en la instrucción de la causa.
El equipo de gobierno ha asegurado en un comunicado que no tiene constancia oficial de la denuncia, "tampoco los tres aludidos" y ha pedido respeto a la presunción de inocencia "por encima del oportunismo político".
El ministerio público incoó las diligencias de investigación a raíz del escrito presentado por ediles del grupo municipal de Ciudadanos tras las manifestaciones efectuadas en septiembre de 2018 por dos exjefes de Disciplina Urbanística en la comisión de investigación de Urbanismo sobre la tramitación de expedientes.
A esta denuncia, relacionada con la posible pasividad del Ayuntamiento ante determinadas infracciones, en concreto con la promoción del conjunto de chalés "Villas de Arenal", se unieron los escritos y documentación presentados posteriormente por el grupo municipal de IU Málaga para la Gente y el PSOE.
En la comisión de investigación, los técnicos alertaron de injerencias políticas a partir de la llegada en agosto de 2013 de Francisco Pomares como concejal de Ordenación del Territorio, particularmente en relación con la promoción "Villas del Arenal".
De confirmarse los hechos tras las investigaciones, fuentes del caso han indicado que podría tratarse de delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
Además de solicitar la declaración de los denunciados como investigados, el fiscal ha pedido a la Comisaría Provincial de Policía de Málaga que investigue la posible alteración informática de los expedientes de disciplina urbanística sobre la citada urbanización y la posible desaparición de documentos.
También insta a la Junta a que elabore un informe técnico en el que detalle el perjuicio que ha podido causar a las arcas municipales la falta de tramitación o conclusión de los expedientes sancionadores abiertos.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil hizo un estudio de los expedientes de Disciplina Urbanística de la urbanización "Villas del Arenal" que concluyó que de los 143 existentes se archivaron 60, la mayoría por prescripción de la infracción.
De los otros 83, hay cuatro en los que se ha resuelto imponer una sanción, si bien sólo consta el cobro de multa en uno de ellos, según las fuentes.
Pomares y el gerente de Urbanismo relataron en su momento su versión de los hechos ante la Fiscalía y salieron al paso de las afirmaciones efectuadas en la comisión de investigación por los exjefes del departamento.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento malagueño ha aclarado que, si las informaciones publicadas se corresponden con la decisión de la Fiscalía, los concejales y el directivo denunciados "no están siendo investigados" y ha añadido que "si lo estuvieran, sería porque el juez lo determina".
Ha recordado que este tema ya fue juzgado en su momento en el ámbito laboral, y que aquella sentencia firme "dejó claro que no hubo ninguna actividad contraria a la legalidad urbanística ni tendente a bloquear la actividad administrativa".
Tras expresar su apoyo a Pomares, Porras y Cardador, ha exigido "coherencia" a quienes exigen ceses o dimisiones a los demás "cuando no lo hacen en sus propias filas".
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