La Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) ha llevado a cabo una fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Manilva (Málaga), correspondiente al ejercicio económico de 2015, en la que, entre otras conclusiones, detecta que las actividades, operaciones presupuestarias y financiera, así como la información de las cuentas anuales de dicho año resultan conformes aunque con algunas salvedades. Además, sostiene que las contrataciones realizadas no se ajustaban a las necesidades reales de la Corporación.
Apunta en sus conclusiones que el Consistorio no cumplió con la regla de gasto en 2015. El artículo 12 de esta ley no permite que la variación del gasto computable supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española. Dicha tasa quedó establecida para ese año en el 1,30 por ciento, mientras que el incremento de gasto calculado por el Consistorio fue del 13,23 por ciento. Según los cálculos realizados por la CCA, este incremento alcanzó el 13,53 por ciento.
A pesar de dicho incumplimiento, la Corporación no formuló el plan económico financiero previsto en la ley. Esta conducta, si es culpable, "constituye infracción muy grave en materia de gestión presupuestaria".
Según el informe, el Ayuntamiento tampoco tenía registrado en su contabilidad pasivo alguno para cubrir responsabilidades determinadas en virtud de resoluciones judiciales ni tampoco de aquellas que pudieran surgir por litigios en curso. De la información facilitada por la Corporación se desprende que al cierre del ejercicio fiscalizado "estas contingencias y responsabilidades ascendían a 1.420.918,29 euros sin gastos ni intereses".
Tampoco disponía de un inventario detallado de bienes, de ahí que no se hayan podido "conciliar los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado". En 2015, la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto' presentaba un saldo inicial acreedor de 30.777.949,45 euros, por operaciones de años anteriores. Durante el ejercicio fiscalizado se contabilizaron gastos sin consignación presupuestaria por importe de 2.366.737,67 euros y se registró la imputación al presupuesto de 7.511.513,67 euros.
Igualmente, revela que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) no realizó actividad alguna en el marco de sus competencias urbanísticas, obteniendo financiación exclusivamente de las transferencias procedentes del presupuesto municipal. Por el contrario, la Corporación imputó en su presupuesto gastos de personal dedicado a la actividad propia de la GMU por importe de 1.981.957,33 euros y gastos corrientes por redacción de proyectos y estudios técnicos por 53.616,68 euros.
La deuda financiera del Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2015, era de 5.125.934,20 euros, mientras que el balance de la entidad recogía un importe de 9.014.344,34 euros, sin que haya ofrecido explicación sobre la diferencia de 3.888.410,14 euros.
El Ayuntamiento tenía concedido fraccionamientos por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social que no estaban registrados en contabilidad. Además, la deuda total con las administraciones públicas era de 45.885.500,79 euros, de los que solamente tenía contabilizados 25.284.934,56 euros.
Entre las salvedades detectadas por la CCA están dos expedientes de generación de crédito, cuyo importe conjunto ascendió a 376.002,56 euros y se aprobaron en el ejercicio 2016, una vez que el presupuesto de 2015 dejó de estar en vigor, "lo que supone un incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria". Otras generaciones de crédito, por importe de 379.690,86 euros, se financiaron con ingresos no previstos en la legislación vigente.
También señala en un comunicado que la Corporación tramitó seis ampliaciones de crédito "vulnerando el principio de anualidad presupuestaria". Las restantes modificaciones consistieron en ampliar la partida del presupuesto de gastos destinada a anticipos al personal, financiándola con ingresos procedentes de las devoluciones de los anticipos de personal concedidos con anterioridad. Tales modificaciones han incumplido lo dispuesto en varios artículos.
PERSONAL
Respecto a Personal, la RPT vigente en el ejercicio fue aprobada por acuerdo plenario de 26 de mayo de 2005 y contemplaba 115 puestos. Sin embargo, había 345 plazas ese año, de las que 341 estaban ocupadas. "La RPT municipal no se encontraba actualizada y no se ajustaba a las necesidades reales de la Corporación en materia de recursos humanos", sostiene.
Recuerda las limitaciones de la ley a la dotación de puestos de trabajo, cuya cobertura correspondía a personal eventual, en función de la población del municipio. En el caso de Manilva, este personal no podría ser superior a dos a partir de 2014 y, sin embargo, en la plantilla existían 14 puestos que estaban ocupados con tal carácter hasta el 30 de junio de 2015.
A 31 de diciembre, el número de efectivos reales del Ayuntamiento que tenían la consideración de personal laboral ascendía a 337, de los que 280 tenían contrato laboral indefinido. De ellos, 84 habían accedido al puesto mediante un contrato temporal, transformados posteriormente en indefinidos.
Estos trabajadores están ocupando puestos de trabajo de carácter estructural y no temporales; por lo tanto "deberían estar en la RPT con la obligación de cubrirlos mediante oferta de empleo público, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad".
Relata la Cámara de Cuentas las contrataciones efectuadas y señala que el Consistorio incumplió las restricciones existentes en la contratación del personal laboral temporal. Además, a los funcionarios de la Policía Local se les aplicaba un acuerdo regulador de sus condiciones laborales, de fecha 1 de agosto de 2012, que no había sido aprobado por el Pleno de la corporación.
GASTOS
La Cámara de Cuentas indica que el Consistorio no tenía unas normas escritas que regulasen el funcionamiento del registro de facturas y permitiesen su correcta tramitación. Así, ha advertido gastos por más de medio millón de euros en los que la tramitación presupuestaria se iniciaba una vez se había recibido el servicio o adquirido el bien.
"Dado el procedimiento presupuestario seguido, se han contraído obligaciones sin crédito presupuestario", indican, recordando los reparos de la Intervención a determinados expedientes. En concreto, emitió 441 por 1.591.810,52 euros.
La Cámara revela que en el tercer y cuarto trimestre del año se superó en 23,39 y 32,27 días, respectivamente, el plazo máximo de 30 días naturales previsto en la normativa de morosidad como periodo medio de pago.
También apunta que la Corporación no ha recogido en su página o portal web la documentación relativa a su información institucional y organizativa, la de carácter económico, financiero y presupuestario, la relación de puestos de trabajos, la oferta de empleo pública o los procesos de selección de personal, exigencias previstas en las leyes 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local Andaluza y 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía.
El informe sostiene también que para la gestión de su tesorería, la Corporación no dispuso durante el ejercicio 2015 de un plan de disposición de fondos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 65.2 del RD 500/1990, de 20 de abril.
El remanente de tesorería recogía pagos pendientes de aplicación definitiva por importe de 25.202.654,46 euros, correspondientes a operaciones significativas que no estaban aplicadas a sus presupuestos ni regularizadas posteriormente; de aquel importe, 12.222.603,56 euros estaban referidos a pagos de obligaciones contabilizados con anterioridad a 2006, que en 2015 aún estaban pendientes de aplicar a presupuesto.
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