El pleno del Ayuntamiento de Marbella, en sesión extraordinaria, ha aprobado hoy solicitar la cesión de cinco propiedades del exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, para que pasen a formar parte del patrimonio municipal, así como el dinero que se obtenga de la subasta de dos viviendas más.
Con el apoyo de todos los grupos municipales, se ha reclamado para uso público la Finca de la Caridad, los terrenos del helipuerto, la Finca Siete Corchones, la parcela en la Cascada de Camoján y los terrenos junto al Hospital Costa del Sol donde se quiere ubicar la nueva sede judicial.
En total, estos bienes inmuebles están tasados en más de once millones de euros y el Ayuntamiento ha solicitado que se le cedan para destinarlos a equipamientos públicos.
En cuanto a las dos viviendas que se quieren subastar, se trata de un lujoso apartamento de 535 metros cuadrados en el edificio Poseidón, valorado en 2,6 millones de euros, y otro en la urbanización La Alzambra, tasado en 1,4 millones.
Todas estas propiedades se encuentran ubicadas en el municipio de Marbella y han estado a la venta a través de una página web habilitada al efecto por la Audiencia Provincial de Málaga.
Además, el pleno ha dado el visto bueno a que se destinen a servicios públicos casi 14 millones euros que recibirá el Consistorio en concepto del pago por responsabilidades civiles en distintas causas por corrupción que se han seguido tanto en la Audiencia de Málaga como en la Audiencia Nacional.
Por último, se ha aprobado negociar con el Ministerio de Hacienda la firma de un convenio para que todas las multas por esas sentencias, que hasta ahora iban a la caja única del Estado, reviertan en el municipio.
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha dicho que la ciudad “comienza a recuperar su patrimonio” y ha destacado el último cambio legislativo, introduciendo una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que lo hace posible.
Asimismo, ha recordado que todos estos bienes y cantidades económicas son fruto de los embargos que se realizaron en su día para hacer frente a 42 sentencias firmes que son favorables a la Administración local y que suponen una cantidad de más de 330 millones que deben regresar a Marbella.
Los partidos de la oposición se han sumado a lo que han calificado como “un día feliz para Marbella” e, incluso, han aportado enmiendas para que, entre otros asuntos, haya participación ciudadana a la hora de decidir el destino de las propiedades y del dinero.
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