El grupo municipal de Izquierda Unida-Málaga para la Gente ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento la nulidad del plan especial y de la licencia de construcción de un centro deportivo en Arraijanal, a cargo de una fundación que gestiona la familia Al Thani.
El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que el grupo municipal estaba estudiando la impugnación del proceso y previo a ese paso se interpone esta acción de nulidad ante las administraciones autónoma y local.
Ambas tienen hasta seis meses para responder, y si no lo hacen en ese tiempo o rechazan la petición de nulidad, la coalición de izquierdas irá directamente a presentar un recursos contencioso-administrativo, ha señalado.
Zorrilla ha dicho que existen argumentos suficientes para justificar esta acción y lo que se pretende es evitar que Arraijanal se convierta "en un Algarrobico malagueño" y que "nos cueste una millonada" las posteriores sentencias.
De igual modo, ha añadido que se trata de un proyecto "depredador e insostenible" y ha destacado la oposición histórica de Málaga para la Gente al proyecto, "en muchas ocasiones en solitario y que ahora hay voces en contra de asociaciones vecinales y movimientos ecologistas de renombre internacional".
Ha detallado que la nulidad que exige tiene argumentos de peso y fundamentales, como la ausencia de la Evaluación Ambiental Estratégica, "algo que no deja de sorprender cuando el Potaum consideró de especial interés ambiental este espacio".
Asimismo, ha explicado que se ha producido una tramitación "defectuosa e incompleta" del preceptivo informe en materia de aguas de la Cuenca Mediterránea, y hace una "excepción" con el promotor del proyecto urbanístico --el jeque Al Tani-- "y no le obliga a tramitar el proyecto de urbanización cuando es el centro deportivo el que necesitará infraestructura de servicios como agua, saneamiento, electricidad", entre otros.
Por último, ha agregado que la coalición ha interpuesto la acción de nulidad contra los acuerdos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) por la aprobación de la separata de las obras de urbanización y la concesión de la licencia de obras de la primera fase del proyecto. Entiende, ha dicho, "que se han omitido trámites esenciales y que se han buscado medidas para evitarle al promotor cumplir la normativa".
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