Aires de convulsión en la Federación Malagueña de Peñas debido a posiciones contrarias a la actual gestión de la institución. El pasado 16 de marzo un grupo de federados presentó junto al notario Manuel Tejuca un requerimiento por el cual se solicita la celebración de una asamblea general de socios extraordinaria cuyo punto del día sea una moción de censura al presidente actual, Miguel Carmona, y a su junta de gobierno. El escrito viene avalado por la firma de 45 presidentes de sus respectivas peñas, cumpliendo así el requisito de que sean al menos el 30 por ciento de los asociados los solicitantes de esta impugnación. Juan Antonio de Luque, presidente de la Peña Caballista Monteclaros es uno de los firmantes y promotores de esta moción y argumenta que el presidente actual ejerce un mandato “dictatorial” en unión con una junta “no refrendada por la asamblea general”. Además, de Luque explica que en la asamblea sobre temas económicos celebrada el pasado 29 de enero se rechazó el balance de cuentas registrado a lo largo del año 2017 aduciendo muchas de las peñas que se habían llegado a pérdidas de 56.000 euros y que las ayudas no llegan igual a todas y se plantean cómo es el reparto de los 230 mil euros de subvención que recibe la Federación a repartir entre las socias .
“Lo que pedimos es limpieza, transparencia y democracia es una institución que se está desmembrando”, argumenta el citado asociado. “En aproximadamente seis meses hemos pasado de 110 peñas asociadas a 103, mi peña está asociada desde el año 1997 y nunca antes se habían pedido firmas para echar a nadie y además -prosigue- se ha generado un clima de crispación porque desde la presidencia se está mirando para otro lado y se está abandonando su gestión”. Todos los firmantes se amparan en el Artículo 9 de la ley de Asociaciones de Andalucía que recoge que tras la presentación del requerimiento de la moción de censura, se tiene que celebrar en un plazo de 30 días, con lo que su esperanza reside en que la votación se pueda celebrar antes del 16 de abril del presente. Si esto no ocurriera, porque reconocen que no advierten voluntad de que estoy sea así recurrirán a los juzgados.
Por último, añaden los firmantes que la mala gestión de la junta ha provocado una serie de juicios que se han perdido y las costas de los procesos han tenido que ser pagadas por la Federación.
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