Los aparcacoches ilegales, popularmente conocidos como ‘gorrillas’, forman parte desde hace ya más de una década de la imagen “menos amable” del paisaje urbano de cualquiera de las grandes ciudades españolas.
Así, además del “típico” aparcacoches en la indigencia o del “sin techo” con problemas de adicción, como consecuencia de una crisis económica que sumió a trabajadores y padres de familia en la pobreza, en los últimos diez años se produjo un gran aumento en el número de personas que se “ofrecen” a ayudar a encontrar aparcamiento a los conductores.
Por su parte, el ciudadano, que se topa con los ‘gorrillas’ incluso en vías con parking públicos o zonas azules, encuentra difícil decir no a estas personas, ya sea por culpa o por temor a la llamada “mendicidad agresiva”.
De este modo, para dar respuesta a las demandas ciudadanas sobre estas personas que ejercen de aparcacoches y demandan un dinero que en algunos casos hacen sentirse coaccionados a los conductores, el Ayuntamiento de Málaga, a través de su Policía Local, vigila en la medida de las posibilidades permitidas por la ley, esta actividad ilícita.
Actuación policial
La Policía Local denunció durante el pasado año 2017 a un total de 1.555 personas que ejercían la actividad de aparcamiento y ordenación de vehículos en la vía pública careciendo de autorización para ello.
En concreto, fueron 657 en 2007; 730 en 2008; 1.251 en 2009; 1.341 en 2010; 1.530 en 2011; 2.048 en 2012; 1.753 en 2013; 2.188 en 2014; 1.453 en 2015; 1.584 en 2016 y los citados 1.555 del pasado año.
A estas denuncias administrativas se suman las 1.336 denuncias judiciales por desobediencia formuladas por policías locales de Málaga desde 2007 hasta 2015.
Así, estas actuaciones han dado lugar a que en los últimos once años hayan sido un total de 16.090 las denuncias interpuestas a aparcacoches ilegales por policías locales de Málaga.
A día de hoy, el trabajo que realizan los agentes con respecto a la problemática de los 'gorrillas' o aparcacoches ilegales consiste, dentro de lo que el marco legal ampara, en sancionarlos administrativamente por realizar labores de aparcamiento de vehículos sin estar autorizados para ello.
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