La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga ha trasladado su "rotundo rechazo" a la declaración unilateral e ilegal de independencia de Cataluña y ha mostrado su apoyo al Estado en la aplicación de todas las medidas que dispone la Constitución Española "para restablecer el orden y la convivencia, entre las que se encuentra el artículo 155" de la Carta Magna.
El organismo colegial ya manifestó el pasado 20 de septiembre su "repulsa" al proceso soberanista que se ha fraguado en Cataluña "a raíz de la convocatoria de un simulacro de referéndum sin ninguna garantía jurídica y que suponía un desafío sin precedentes a la Constitución Española y al Estado Social y de Derecho".
La Abogacía malagueña subraya que en una sociedad democrática "es fundamental e imprescindible acatar las leyes, obligación que debe ser aún más exigible en el caso de las administraciones públicas".
En este punto, el Colegio de Abogados de Málaga ha dejado clara su "defensa del orden constitucional, que salvaguarda los derechos y libertades públicas de todos los españoles, e insiste en la necesidad de su cumplimiento sin excepciones".
"Este nuevo ataque a la Carta Magna está dificultando la convivencia entre los ciudadanos de Cataluña, provocando una fractura social de difícil cicatrización, e incluso ha puesto en riesgo la propia democracia en esta comunidad autónoma, que, por cierto, disfruta de un mayor autogobierno que el resto de las regiones españolas", han sostenido en su manifiesto institucional.
Además, han agregado, "el interés general de los ciudadanos debe prevalecer en las decisiones que tome el Estado, teniendo en cuenta las normas de convivencia que aprobaron los ciudadanos en diciembre de 1978 gracias al esfuerzo, tolerancia y solidaridad de todos los españoles".
El Colegio de Abogados de Málaga muestra "una vez más y de forma inequívoca, su rechazo absoluto al proceso independentista que se ha fraguado en Cataluña y que afecta a todos los ciudadanos de nuestro país". Así, apoya al Estado en aquellas medidas que pueda tomar para garantizar el cumplimiento de las leyes y normas que rigen la convivencia desde el año 1978. Por último, confía en que la convocatoria de elecciones autonómicas suponga el punto de partida para restablecer el orden constitucional.
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