La Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente, ha desarrollado una investigación sobre un vertedero ilegal en Nerja (Málaga) en la que una treintena de personas, entre empresarios y cargos públicos, han sido llamados a declarar en calidad de investigados.
"Lo que conocíamos en Nerja era que ese vertedero era autorizado y que era consentido y conocido por los anteriores dirigentes del PP", asegura la alcaldesa, Rosa ArrabalLa alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE), ha confirmado hoy en rueda de prensa que ayer acudió a declarar a la comandancia de la Guardia Civil de Málaga, junto a dos concejales de su equipo de gobierno.
Arrabal ha señalado que desde que se inició la investigación por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil su actuación y la de sus ediles ha sido de "máxima colaboración con la justicia en este asunto".
El vertedero, que fue clausurado por orden de la Junta de Andalucía y del Seprona en septiembre de 2016, después de 16 años de funcionamiento, ocupaba una extensión de 36.000 metros cuadrados, y está ubicado junto al río de la Miel, en el espacio protegido del Parque Natural de la Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
La alcaldesa ha señalado que será la justicia la que tenga que determinar el grado de responsabilidad del actual equipo de gobierno, aunque ha precisado que "lo que conocíamos en Nerja era que ese vertedero era autorizado y que era consentido y conocido por los anteriores dirigentes del PP".
Fuentes municipales han informado a Efe de que miembros del anterior equipo de gobierno también han declarado como investigados por la gestión de este vertedero, en el que según la Guardia Civil, se arrojaban toda clase de residuos sin control.
Según estas mismas fuentes, se investigan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad y prevaricación por parte de los cargos públicos y los empresarios.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, en el que el Seprona presentó una querella por los hechos y que inició un procedimiento, ha dictado un auto en el que ordena el embargo de bienes a los empresarios investigados.
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