El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una moción institucional en relación con la ejecución de los planes de empleo "siempre que sea aprobado por unanimidad por el Pleno" y, "habida cuenta de la controversia jurídica existente, con la condición de que si la puesta en marcha de estos planes ocasionase quebrantos económicos por sentencias judiciales en el ámbito laboral, el Ayuntamiento repercutirá a la Junta las cantidades que los tribunales estimasen que debe satisfacer el Consistorio para que no supongan un quebranto económico a las arcas municipales".
En la moción se recuerda que el Ayuntamiento lleva tres años acogiéndose a las convocatorias de planes de empleo puestas en marcha por la Junta para dotar de un puesto de trabajo de forma temporal a malagueños que estén desempleados.
Así, hasta la fecha 3.738 malagueños que estaban en el paro han podido acogerse a alguno de los planes de empleo --Emple@ Joven, Emple@ 30+, Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 2014 y 2015-- cuya financiación ha correspondido al Gobierno andaluz, pero de cuya gestión se han encargado directamente en los ayuntamientos, que han participado en la selección de los trabajadores y han asumido el coste de la dotación de los equipos y utillaje necesarios para el desarrollo del trabajo, entre otros.
Asimismo, recuerdan que en julio del pasado año el Ayuntamiento continuaba a la espera de que la Junta emitiese resolución acerca de dos programas de empleo (Emple@ Joven y Emple@ 30+) dotados con 12,4 millones de euros para ofrecer trabajo a 716 malagueños y que existía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que establece que a las personas contratadas en virtud de los Programas de empleo debe aplicárseles el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento.
Al respecto, han incidido en que "dicha sentencia dejó en evidencia las bases sobre las que la Junta había diseñado estos planes de empleo y constituye un problema para el nuestro y otros ayuntamientos, que ante fallos judiciales similares, se verán obligados a resarcir económicamente a quienes hayan trabajado en el marco de estos planes ya que han estado cobrando por debajo de lo que el TSJA entiende que debían haberlo hecho", como ha ocurrido ya en el Ayuntamiento.
Por otro lado, en el cuerpo de la moción se incide en que se solicitó a la Junta que modificase la normativa relativa a los Programas Emple@Joven y Emple@30+ para que recogiesen que el abono de los salarios de las personas contratadas se haría de acuerdo al convenio colectivo del personal laboral de cada Ayuntamiento, adecuando la duración del contrato o la jornada laboral de los trabajadores a esos salarios, sin sobrepasar el importe máximo de la subvención concedida por el gobierno andaluz.
No obstante, la Junta "no ha atendido a las múltiples peticiones y aportaciones que de forma constructiva se han planteado desde este ayuntamiento", con el único propósito, aseguran, "de evitar problemas a los ayuntamientos andaluces, que están afrontando sobrecostes por la falta de adecuación de los planes de empleo del Gobierno andaluz a la normativa de carácter laboral".
"La voluntad de este Ayuntamiento ha sido en todo momento la de no renunciar ni a uno solo de los puestos de trabajo que puedan crearse, pero no nos han dado respuesta hasta la fecha a la última moción aprobada por todos los grupos o posibles cambios normativos sugeridos por este Ayuntamiento a la Junta de Andalucía", han precisado.
Según la moción aprobada, "los planes de empleo diseñados por el Gobierno andaluz pueden suponer un grave problema para muchos ayuntamientos que, de acuerdo a la doctrina del TSJA, podrían tener que destinar cantidades millonarias para hacer frente a eventuales demandas de los trabajadores contratados".
"Sería deseable que ya que la Junta centra su política de empleo en estos planes de carácter extraordinario, al menos se afanase en redactar las convocatorias de forma que no se ocasione quebranto económico a los ayuntamientos, que son las entidades con menos recursos y las que más contribuyen al sostenimiento de la economía nacional", continúa la moción.
En los dos últimos meses, según han señalado, se ha podido conocer la existencia de una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuya sala de lo social de Sevilla ha fallado a favor del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, "lo que supone ir en sentido opuesto a lo que la sala de Málaga ha dictaminado".
A pesar de ello, han continuado, con posterioridad nuevamente la sala de lo social de Málaga "ha vuelto a fallar en contra del Ayuntamiento de la ciudad y se ha alineado con la sentencia recibida con anterioridad en este Ayuntamiento".
Por ello, aseguran, "nos encontramos en una situación de clara inseguridad jurídica respecto a los perjuicios económicos que podría suponer la puesta en marcha de estos planes".
Han asegurado que, según los contactos técnicos con la Junta de Andalucía, "se nos ha trasladado, siempre de forma verbal, la imposibilidad de modificar el decreto en el sentido de reducir la jornada laboral, argumentando que el propio Fondo Social Europeo (FSE) del que se financian estos planes no lo permite en origen".
Por todo ello, "parece razonable solicitar a la Junta que aquellas políticas de empleo que ponga en marcha se diseñen desde la responsabilidad, de modo que además de ofrecer trabajo a andaluces desempleados, ofrezcan seguridad jurídica a los ayuntamientos".
"Sería deseable al menos una respuesta y una actitud más permeable para aceptar sugerencias realizadas con ánimo constructivo por todos los grupos políticos de este Ayuntamiento, para evitar quebrantos económicos a este y otros ayuntamientos andaluces que puedan verse afectados por la redacción que ha realizado de la normativa que regula estos planes", concluye.
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