Trabajan sin convenio colectivo. Las actuales condiciones laborales de los empleados de la empresa de limpieza, recogida y tratamiento de residuos de Málaga son fruto de un principio de acuerdo entre los gestores de la entidad y los representantes sindicales de los trabajadores, que acabó con la huelga de cuatro días que dejó 1.500 toneladas de basura en las calles de la ciudad en la Navidad de 2013.
Dos años después, se acerca la Navidad y una nueva convocatoria de huelga indefinida, que arrancará el 14 de diciembre. El principio de acuerdo pactado entonces tenía una duración de dos años. Finaliza en diciembre. Y los trabajadores se quejan de que las negociaciones para cerrar un nuevo convenio colectivo no avanzan. Han sido cuatro reuniones, desde el pasado 31 de octubre que no han dado ningún fruto, ha denunciado el presidente del comité de empresa a Ondaluz Televisión.
Los trabajadores quieren recuperar los derechos laborales recogidos en el convenio colectivo que reguló sus condiciones entre 2010 y 2012 y que perdieron con los recortes pactados que pusieron fin a la huelga de 2013.
Quieren recuperar la denominada paga de productividad, que es un dinero que, según explica Manuel Belmonte, presidente del comité de empresa, les debe la empresa por el desfase de dos años en el que no aumentaron sus salarios con respecto al Índice de Precios al Consumo. Reclaman volver a descansar los fines de semana, en vez de los domingos y otro día rotatorio entre semana. Y que sus vacaciones se concentren entre junio y septiembre. En vez de repartidas entre todo el año.
El escollo que separa la demanda de los trabajadores de los gestores de la entidad cuesta seis millones de euros. Es la cifra de recorte que sus gestores, Ayuntamiento y la parte privada –compuesta por las constructores FCC, Sando y Urbaser-, acordó recortar en 2013.
Para conseguirlos, Belmonte asume la que huelga es una medida impopular. El presidente del comité de empresa de Limasa se queja de que los malagueños culpen a los trabajadores de que la ciudad esté sucia. Y asegura que esta situación responde a la mala gestión de la empresa.
Otra de las reclamaciones de los sindicatos es que la gestión de Limasa, cuyo contrato finaliza en abril de 2017, sea pública, para acabar con unos beneficios privados que podrían reinvertirse, afirma, en mejoras de limpieza para la ciudad.
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