La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de este lunes al que fue administrador de la promotora Aifos, actualmente en liquidación, Jesús Ruiz Casado, acusado de estafar a compradores de varios pisos de un conjunto residencial de la localidad malagueña de Fuengirola, según han asegurado fuentes judiciales. En total, los afectados entregaron casi 390.000 euros.
Según el escrito de conclusiones iniciales del fiscal, Ruiz Casado era administrador de la mercantil en 2003, año en el que la empresa inició la promoción y construcción del conjunto residencial llamado Cortijo de Torreblanca, publicando la edificación en su página web. Entonces, comenzó a vender viviendas "pese a carecer de licencia de obras, ya que ésta no le fue concedida hasta febrero de 2004".
En los contratos se hacían constar "manifestaciones inveraces", dice esta acusación, como que las obras de la promoción "y particularmente las relativas a la vivienda objeto del presente documento, se están ejecutando". Esto propició la firma de los acuerdos "y el consiguiente desplazamiento patrimonial al generar en los compradores una expectativa sobre una realidad inexistente".
En diciembre de 2005, se dictó un decreto de paralización de obras por parte del Ayuntamiento de Fuengirola y se incoó un expediente sancionador provocado por "un exceso de la construcción respecto al proyecto inicial para el que se concedió la licencia", algo de lo que el acusado "no informó a los compradores", por lo que éstos continuaron cumpliendo las obligaciones de pago.
Asimismo, el procesado siguió con la publicidad para la venta, "aún a sabiendas de la paralización", dice el ministerio público en su escrito provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, apuntando que también se hacía constar en los contratos que las cantidades serían devueltas "cuando en realidad la sociedad no había suscrito seguro o aval que las afianzara".
"No consta", igualmente, según el fiscal, que el dinero entregado fuera depositado en la forma legalmente establecida para destinarse solo a efectos constructivos, sin que al menos durante los años siguientes antes de que Aifos entrara en concurso se hubiera reintegrado a los compradores, que no hubieran hecho estos anticipos "si no se hubieran ofrecido dichas condiciones de contratación".
Así, el fiscal, en su calificación inicial, le acusa de un delito continuado de estafa y pide que se le imponga una pena de cuatro años de prisión y multa de 4.950 euros. En cuanto a las indemnizaciones, oscilan entre los 47.539 euros entregados por una pareja y los 94.878 euros que adelantó otra entre 2003 y 2006. El juicio está fijado hasta el miércoles día 27.
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