La alcaldesa de Benalmádena (Málaga), Paloma García Gálvez (PP), ha anunciado este martes la destitución inmediata de todas sus funciones de su socio de gobierno y líder de UCB, Francisco Salido, después de que no haya atendido la orden de retirar de su puesto al gerente de Puerto Marina, José Manuel López Merino, condenado a seis meses de cárcel por ejercer como abogado sin estar colegiado.
García Gálvez retira a Salido todas sus funciones --primer teniente de alcalde, concejal de Bienestar Social y responsable del Puerto Deportivo-- después de que no aceptara su orden de este pasado lunes de destituir de forma inminente a López Merino.
Ha anunciado, además, la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria del consejo de administración de la entidad para aprobar este mismo martes el cese efectivo de Salido como consejero delegado y de López Merino como consejero y secretario de la empresa municipal.
"No voy a permitir que ocupe ningún cargo en este Ayuntamiento cualquier persona condenada en firme cuya falta de honradez profesional quede constatada; mucho menos cuando se trata de un caso tan flagrante como éste", ha afirmado la primera edil en referencia a López Merino.
En el caso de Salido, la alcaldesa ha señalado que "no puedo mantener la confianza en quien no es capaz de asumir ese principio, pretende amparar a un condenado y, además, no atiende una obligación tan claramente expuesta por la máxima regidora de este Ayuntamiento".
PACTO DE GOBIERNO
En referencia al pacto de gobierno entre el PP y UCB, ha asegurado que esta decisión "no afecta a la situación del resto de concejales de esta formación con responsabilidad de gobierno, que seguirán ejerciéndola como tal". Es el caso de Concepción Tejada y Juan Olea.
El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga acogió este pasado lunes el juicio al gerente del Puerto Deportivo de Benalmádena y vicepresidente de UCB por un delito de intrusismo, al haber ejercido de abogado sin tener la cualificación.
El acusado reconoció los hechos, siendo condenado a seis meses de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo --que priva al penado del derecho a ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena-- y para el ejercicio de la abogacía. La defensa anunció que pedirá la sustitución de la pena de cárcel por 12 meses de multa.
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