El distanciamiento ha vuelto a quedar patente en la reunión que este jueves han mantenido la dirección de la empresa de limpieza Limasa, el Ayuntamiento de Málaga y el comité para negociar el convenio colectivo y tratar de evitar la huelga convocada a partir del 20 de este mes. Las partes se verán de nuevo las caras este viernes, en este caso con la mediación del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos de Andalucía (Sercla).
Durante el encuentro la empresa ha trasladado por escrito la oferta presentada este pasado fin de semana en la maratoniana reunión en la que participó el alcalde, Francisco de la Torre, con la concreción por grupo y categoría de los efectos económicos que tendría la aplicación de la reducción de los diferentes conceptos.
Para los trabajadores, la documentación entregada "no se ajusta a la realidad, ya que falta el concepto de antigüedad y no se valoran las vacaciones ni el descanso de seis días naturales ni tampoco el plus festivo". "Las cifras presentadas, por tanto, no son reales y hasta que no se dé a las medidas propuestas el valor que realmente tienen, no habrá acuerdo", ha afirmado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte (UGT).
Los representantes sindicales han pedido también a la empresa que acredite que la parte privada de Limasa --tiene el 51 por ciento del accionariado, frente al 49 por ciento del Ayuntamiento-- renunció a los beneficios en 2012, ante las dudas acerca de que realmente lo hiciera.
Ante esto, la empresa ha subido a las redes sociales el acta de la junta general ordinaria de Limasa del pasado 24 de junio, en la que se aprobó el informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes a 2012 y donde se especifica que durante ese ejercicio "no se han distribuido dividendos a cuenta".
ASISTENCIA TÉCNICA
También los representantes de la plantilla han solicitado las facturas que justifican el canon de asistencia técnica, concepto por el que los privados reciben del Ayuntamiento 2,2 millones anuales. Ante esto, Belmonte ha criticado que la respuesta haya sido "seguid esperando".
Los representantes de los seis sindicatos que conforman el comité de empresa --UGT, CGT, UTL, USO, CSIF Y CCOO-- han mostrado su unidad durante la reunión, respaldando a su presidente, Manuel Belmonte, tras las críticas recibidas por parte sobre todo del concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, acusándole de "chantajear" a la ciudad.
En este punto, los representantes sindicales han dicho que, "aunque las críticas se centren en Manuel Belmonte, sus declaraciones están apoyadas por todo el comité de empresa". "Él es el portavoz, guste o no guste", han apostillado.
Han lamentado, al respecto, que "se hagan públicas declaraciones hechas en una reunión sacándolas de contexto o, incluso, diciendo algo que no es cierto". "Pese a la tirantez del encuentro, hemos aguantado y hemos seguido hablando", ha valorado Belmonte.
PROPUESTA DE LA EMPRESA
La última propuesta de la empresa, que contempla como marco de negociación desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, establece congelación salarial y eliminación de la paga de productividad en 2014 y su restitución de forma progresiva, de modo que en 2015 cobrarían 330 euros por este concepto, y en el ejercicio siguiente, 660 euros.
La propuesta pasa también por la ampliación a todo el año del periodo para tomar las vacaciones, repartidas en dos periodos --invierno y verano--; por una jornada semanal de lunes a viernes y trabajar uno de cada cuatro sábados durante los meses de mayo a octubre, con descanso en domingo y un día más de forma rotatoria, y por la eliminación de la quinta semana de vacaciones.
Aparte de la eliminación de ciertos complementos, se establece que en 2014 y en 2016 se daría la mitad de las prendas de vestuario, a excepción del calzado --uno en verano y otro en invierno--, manteniendo este aspecto como hasta ahora en 2015. Todo ello con el objetivo de conseguir el ahorro de 7,1 millones de euros y evitar la aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cuyo periodo de consultas ya ha concluido sin acuerdo.
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