La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 11 años de prisión para el exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y otros tantos para el letrado José María del Nido por presuntas irregularidades en contrataciones de obras por parte del Ayuntamiento marbellí. También hay otras 11 personas acusadas, entre ellas dos hermanos del abogado y el que fuera interventor municipal; y se estima un perjuicio para el Consistorio de 1,6 millones de euros.
Esta causa, conocida como caso 'Fergocon', se inició a raíz de la querella presentada por Anticorrupción y se investigan delitos como malversación de caudales públicos, tráfico de influencia; falsedad en documento mercantil, fraude y prevaricación en relación con las supuestas irregularidades en las obras contratadas a Fergocon, una empresa vinculada a los dos hermanos de Del Nido --para uno de los cuales se pide 10 años de prisión y para el otro 10 años y medio--, que se creó con el fin "prácticamente exclusivo de realizar obras para el Ayuntamiento".
Asimismo, según sostiene el fiscal, dicha sociedad, también se constituyó para canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia Del Nido y de Julián Muñoz", al que acusa de los delitos de fraude en la contratación y malversación, falsedad y prevaricación, en concurso. También se creó otra sociedad para facturar trabajos a través de la anterior, con personas vinculadas a uno de los hermanos del letrado.
El ministerio público señala en su escrito de acusación provisional, remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella y al que ha tenido acceso Europa Press, que Muñoz y el abogado sevillano, al que se acusa de los mismos delitos, realizaron actuaciones sucesivas en la adjudicación directa de obras, la "aparente ejecución" de dichas actuaciones y el pago de las facturas emitidas a Fergocon.
En una primera fase, esta acusación sostiene que Muñoz, como alcalde accidental, estableció un acuerdo con los hermanos Del Nido y con el administrador único de Fergocon para adjudicar a esta empresa obras públicas "con perjuicio para los intereses municipales". Esto fue de mayo de 2001 a diciembre de 2002. Estas contrataciones se realizaron a través de una sociedad municipal de forma "directa y verbal, sin conocimiento ni autorización" del pleno o comisión.
"Se prescindió absolutamente de los procedimientos establecidos por el ordenamiento administrativo en materia de contratación pública", dice el fiscal, ya que se hizo "sin presupuesto" previo "sin publicidad ni concurrencia y con un fraccionamiento fraudulento de facturación como medio burdo y grosero de elusión parcial de la normativa administrativa aplicable". Así fueron adjudicadas 15 actuaciones, entre obras, servicios y suministros.
FACTURAS
La acusación pública sostiene en su escrito, de 120 páginas, que en una segunda fase, Fergocon procedió "a la aparente ejecución de los trabajos" que le fueron adjudicados directamente por Muñoz, para lo que la empresa, según se precisa, emitió 501 facturas a una sociedad municipal por un importe global de cinco millones de euros. Se añade que las obras no contaban con proyectos ni criterios de referencia a precios oficiales.
Con esto, "se garantizaba la más amplia arbitrariedad y opacidad de los supuestos trabajos y de la facturación de los mismos", señala el ministerio fiscal en su escrito de conclusiones iniciales, en el que se pone de manifiesto que en este momento "era necesario la connivencia de los técnicos municipales"; de hecho, están acusados dos de ellos y el que era coordinador de obras y luego concejal Vicente Manciles.
"Fue en la ejecución de estas obras y servicios donde se produjo un desvío de capitales públicos", asevera la acusación pública, explicando que en algunos casos fue porque se facturó con sobrecoste, en otros porque no se puede determinar si las cantidades presentadas son reales y se ajustan a precios de mercado; pero en otras ocasiones porque las facturas son "íntegramente mendaces", ya que los trabajos "nunca se realizaron".
En otros casos, como es el servicio de limpieza de la vía pública, según la tesis del fiscal, Fergocon facturó más metros cuadrados de los que la otra empresa vinculada a los hermanos Del Nido y cuyos responsables también están acusados le había facturado. Asimismo, también se ha detectado excesos de horas de utilización de maquinaria respecto de las realizadas.
La tercera fase es el abono por parte del Consistorio, de forma que Muñoz y los hermanos Del Nido "concertaron" una doble vertiente, por un lado, pagos con transferencia de bienes inmuebles mediante convenios de dación en pago entre una de las sociedades municipales y Fergocon, en algunos casos "incluso antes de que se iniciaran los trabajos"; y, por otro lado, el abono de cantidades de dinero mediante transferencias bancarias.
El fiscal sostiene que en las transferencias de dinero "intervinieron" tanto el que era concejal de Hacienda como el entonces interventor --para el que se pide seis años de prisión--, quien "no ejerció su función interventora" y que pasó "de ser sancionado a percibir retribuciones" y complementos, que se investigan en otra causa. Los reparos que ambos pudieron hacer a los pagos, dice la acusación, "hubieran paralizado la sangría de fondos públicos".
Asimismo, se apunta que el gerente de la sociedad municipal que se utilizó para los pagos "conocía de la ausencia total de controles desde el inicio de la actuación" de la sociedad, así como "de la quiebra flagrante de la legalidad". El fiscal pide que los acusados y la empresa indemnicen al Ayuntamiento con 1,6 millones de euros, respondiendo Muñoz, los hermanos Del Nido con un 80 por ciento, y el resto con el 20 por ciento.
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