Juristas consultados por Efe discrepan sobre si a la tonadillera Isabel Pantoja, procesada por blanqueo de capitales junto a su expareja, Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, y la exesposa de éste, Maite Zaldívar, le puede perjudicar no declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.
El pasado martes, la tonadillera se negó a contestar a las preguntas del fiscal, de la acusación y al resto de las defensas y explicó que sólo contestaría a las preguntas de su abogado.
En ese momento, la fiscal, María del Mar López-Herrero, dijo al Tribunal que entendía que la declaración parcial de Isabel Pantoja no debía tener la validez de una prueba, por no haberse podido someter a contradicción.
Ello provocó la protesta del abogado de la artista, José Ángel Galán, quien recordó que, como todo procesado, Pantoja había hecho uso de un derecho constitucional.
El presidente del Tribunal, Federico Morales, explicó que los magistrados no prejuzgan, pero le advirtió que cuando un acusado se niega a declarar o lo hace parcialmente "esta decisión no es inane, sobre todo cuando tiene que explicar algo. Sabrá usted cuál es la trascendencia de la postura que adopta la acusada".
Debido a ello, se ha abierto un debate que lleva muchos años sin conseguir aunar criterios, ya que algunos juristas
mantienen que es un derecho el no declarar y que lo contrario vulneraría los derechos fundamentales.
Otros juristas mantienen que la imagen que se da a un Tribunal cuando un acusado no declara no es la correcta, ya que si no tienes nada que ocultar, prefieres contestar todas las cuestiones para dejar todo el asunto claro.
Los detractores de este argumento llegan a asegurar que incluso es "ilegal" que un tribunal advierta al abogado y a su cliente que tal postura puede tener trascendencia y que podría ser objeto incluso de recusación de los magistrados del Tribunal y dar lugar a la nulidad del juicio.
Los juristas alegan que el presidente está para velar por los intereses de los acusados y que no tendría que haber realizado tal advertencia, pero otros mantienen que no hizo nada para fragmentar los derechos fundamentales.
Algunos especialistas consultados consideran que Isabel Pantoja puso en escena una entrevista muy ensayada y que dicha entrevista sólo podía ser realizada por su abogado, que se ciñó al guión que a ella le interesaba.
En este aspecto, afirman que fue una entrevista para la televisión en la que en muchos momentos importó más su honorabilidad de mujer que había estado con un hombre que ya no estaba casado más que si pudo o no blanquear dinero.
También entienden que al ser una mujer que sólo se ha dedicado a su profesión artística podía no saber contestar correctamente a las preguntas de índole económico y que quizás era mejor que su abogado presentara todas las pruebas periciales que han realizado para acreditar el dinero ganado y gastado por la tonadillera.
Según un informe pericial presentado por el letrado de Pantoja, la tonadillera y sus sociedades tuvieron ingresos económicos por importe de diecinueve millones de euros entre 1999 y 2009.
La controversia creada no consigue aunar criterios, por lo que habrá que esperar el desarrollo del juicio y la sentencia.
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