El magistrado de Instrucción número 6 de Málaga dejó hoy visto para sentencia el juicio contra un funcionario de la Ciudad de la Justicia, al que la Fiscalía acusaba de un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones, cometidos contra el ex juez decano de Málaga, José María Páez Martínez-Virel, por un incidente ocurrido el pasado año durante la primera jornada de la huelga de funcionarios de Justicia, que reclamaban al Ministerio de la ministra Pilar Llop un aumento retributivo y el reconocimiento de sus funciones como ya había sucedido con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Esas jornadas registraron mucha crispación en la sedes judiciales de toda España, por la discriminación en el trato salarial que los sindicatos de funcionarios reprochaban al Gobierno central.
La vista oral se celebró con casi una hora de retraso por las dificultades técnicas de conectar con el magistrado malagueño que se encontraba en Extremadura, ya que desde julio de este año es uno de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), designados por el Parlamento, con el respaldo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de la que es miembro destacado en Andalucía.
En el juicio, el funcionario procesado con la categoría de auxilio judicial en un órgano de la Ciudad de la Justicia y vinculado al CSIF, estuvo acompañado en la sala por sus compañeros y delegados del sindicato junto a otros de sus compañeros pertenecientes a las organizaciones SPJ-USO y STAJ. Algunos de los empleados públicos tuvieron que quedarse fuera por falta de espacio.
RELATO DE AQUEL DÍA
El agente judicial relató que aquel 17 de abril de 2023, primer día de la huelga convocada en toda España para los Cuerpos Generales de Justicia, se encontraba recorriendo los pasillos de la primera planta del edificio de Teatinos coreando proclamas, para que el resto de sus compañeros, que estaban trabajando en distintos juzgados se sumasen al paro convocado por cinco organizaciones sindicales.
En un momento del recorrido de la protesta con carteles, silbatos y bocinas, el ex juez decano, José María Páez, trató de entrar en una sala de vistas de un Juzgado de lo Penal, tras haber sido llamado por su titular ante las dificultades de proseguir el juicio por las voces y sonidos que se oían en el exterior.
El funcionario reconoció al fiscal que hizo sonar su bocina cuando por la espalda se le acercó una persona, que dijo no reconocer como el juez decano de los magistrados de Málaga capital. Se produjo entonces un zarandeo entre los manifestantes y Páez, que rompió la trompeta y posteriormente acudió al médico forense para que le reconociera por posibles daños auditivos, con parte de lesiones incluido, que ha servido para la instrucción de esta causa durante más de un año.
Fuentes sindicales indicaron, en este sentido, que el funcionario acusado también acudió a la clínica de medicina legal para ser reconocido y aportar así documento de lesiones por los hechos, "parte y denuncia del agente que durante la instrucción no han sido admitidos", señalan dichas fuentes.
Después de visionar una grabación de la concentración, y tras escuchar el testimonio del agente judicial y de dos de sus compañeros, que le indicaron sorprendidos que al que había zarandeado era el juez decano, el Ministerio Público retiró la acusación de atentado a una autoridad judicial, al aceptar que el acusado no conocía físicamente al magistrado José María Páez, que desde el año 2009 venía ejerciendo como decano de los 80 magistrados unipersonales malagueños.
Mantuvo, no obstante, la acusación por un delito leve de lesiones, por el que el Ministerio Público solicitó una condena de multa de 30 días, a razón de 10 euros diarios (300 en total).
Por su parte, el hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial reclamó el abono de 120 euros como responsabilidad civil, por las secuelas sufridas en el oído tras el pitido de la vuvuzela y la ansiedad generada en ese momento.
Tras este incidente por la huelga en abril de 2023, las autoridades gubernativas de la Ciudad de la Justicia de Málaga (presidenta de la Audiencia Provincial, Fiscal jefe, gerente de la Junta de Andalucía, y el propio decano de los jueces) acordaron prohibir cualquier manifestación laboral en el interior del edificio judicial, que estuviera motivada con estas protestas de los funcionarios.
Los representantes sindicales interpretaron esta prohibición como una limitación de los derechos de huelga, de manifestación y de libertad sindical. Diecinueve meses después de lo sucedido, los sindicatos reconocen que el malestar por esta medida sigue vigente, ya que "las protestas laborales tienen que hacerse ahora en el exterior de la Ciudad de la Justicia".
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