Un proyecto “revolucionario”, una “plataforma pionera” en España que “se convertirá en el primer contrato de impacto social del país”. De todas estas maneras se ha denominado esta miércoles a ‘Málaga no caduca’, la iniciativa que llevará a partir de 2025 los excedentes alimentarios de la hostelería, los hoteles y las cadenas de distribución a 40.000 personas vulnerables de Málaga.
Y es que en octubre de este mismo año saldrá a licitación el proyecto que funcionará de 2025 a 2030 y que ya cuenta con un informe favorable del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y que, una vez en marcha, se convertirá en “el primer contrato de impacto social del país”, como destacaron ayer en su presentación.
Un acto en el que el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado aportó dos claves, una con las vemtajas del proyecto, que pasan por “combatir la inseguridad alimentaria, mejorar la nutrición, facilitar la inserción laboral y prevenir problemas de salud”, y por otro lado, que el ente provincial pondrá 10 millones de euros de inversión en cinco años.
Salado que ha calificado el proyecto de “verdaderamente revolucionario” ha explicado los objetivos fundamentales. Un reto social, porque se busca eliminar o reducir la inseguridad alimentaria, la exclusión sociolaboral y atajar problemas de salud que se derivan de esas situaciones. “No nos limitaremos a saciar a las personas, sino que el reto es mejorar su nutrición, algo que está directamente relacionado en los niños, por ejemplo, con el fracaso escolar o en combatir la obesidad”, ha apuntado el presidente del ente supramunicipal, que ha incidido en que se prestará una atención especial a los menores y a los mayores. “Todo esto está vinculado también con el coste sanitario, porque mejorando la calidad de la nutrición se previenen muchas patologías”, ha indicado.
Un segundo objetivo del proyecto es reducir el impacto medioambiental y el tercero es el económico: al evitar la destrucción de excedentes se pueden obtener beneficios, por ejemplo, fiscales, además de imagen y sociales.
“Gracias a esta actuación podremos acercarnos a la realidad de estas personas, investigarla y desarrollar itinerarios personalizados que les ayuden a encontrar empleo o a solucionar problemas como la soledad no deseada, según cada caso”, ha añadido Salado.
El proyecto se enmarca en la nueva Ley de Economía Circular andaluza, que persigue un desarrollo sostenible que haga compatible el crecimiento económico con una utilización adecuada de los recursos naturales y se gestionará a través de una plataforma tecnológica integrada que pondrá en contacto a todos los intervinientes: administración pública, sector privado y beneficiarios, con la participación de Bancosol”.
Una iniciativa, que pretende entre otros objetivos dar uso a las toneladas de alimentos en buen estado que se tiran cada año en la provincia.
El proyecto ya cuenta con un informe favorable del Banco Europeo de Inversiones, que lo ve viable, y, según la consulta preliminar que se ha realizado, se ha constatado que hay entidades interesadas tanto para proveer el servicio como para financiarlo (inversores sociales). Además, una peculiaridad de este tipo de contratos (CIS) es que el riesgo lo asume una entidad privada, que adelanta el dinero. Por lo tanto, hay tres actores fundamentales: la administración, el proveedor de servicios y el inversor social.
En septiembre se celebrará un evento para dar a conocer el proyecto específico para el canal Horeca y se abrirán dos procesos de colaboración: uno para incorporar a los ayuntamientos de la provincia y otro para las entidades privadas.
El presidente de la institución provincial ha presentado ‘Málaga no caduca’ junto al decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, Antonio Guevara, y la secretaria general adjunta de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Dolores Olmo, en un acto en el que también han participado el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, y el director general de Air Miles, Carlos Dimas, y al que también ha asistido el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), Javier Frutos.
En el proyecto también colaboran otras entidades como la Consejería de Salud, la asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), SpainNAB (Consejo Asesor para la Inversión de Impacto) y la consultora UpSocial.
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