El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto números a la actividad desempeñada por los organismos judiciales de las ocho provincias de la comunidad andaluza, y en lo que se refiere a la actividad de las audiencias provinciales, Málaga se sitúa en términos absolutos a la cabeza de los asuntos penales y civiles registrados.
Así, si en Andalucía se han registrado durante el pasado año 55.511 asuntos en sus audiencias provinciales (de los que 32.281 pertenecen a la jurisdicción penal y 23.230 a la Civil), la de Málaga acumuló en el ámbito penal 7.767 y en la jurisdicción civil 5.586, de modo que acumuló un 24,05% del total andaluz, situándose en términos absolutos a la cabeza, seguida por Sevilla que registró 6.958 asuntos en sus secciones penales y 4.941 en las civiles; en el extremo opuesto, la provincia con menos asuntos registrados en su Audiencia Provincial fue Huelva que acumuló 1.763 causas penales y 1.456 civiles.
En el caso de los asuntos pendientes de resolución, Málaga acumulaba en sus secciones civiles y penales al inicio del pasado año 7.893 asuntos pendientes de inicio, que han registrado cierto descenso a final del año judicial, cuando se contabilizaron 7.076 asuntos pendientes. No obstante, el comportamiento ha sido distinto en la sección penal y en la civil de la Audiencia Provincial malagueña, en el primer caso, la jurisdicción responsable de los delitos y faltas ha registrado un aumento de asuntos pendientes de 1.021 a 1.185, mientras que en el caso de la jurisdicción civil, se ha registrado una bajada de 6.872 a 5.891.
En la Audiencia de Málaga han ingresado 7.767 asuntos penales y se han resuelto 7.603. La cantidad de asuntos pendientes a final de año es de 1.185. El 77% de los procesos penales en única instancia ingresados fueron procedimientos abreviados, un 19% de sumarios y 4% procesos de la Ley del Jurado. En lo referente a procesos en segunda instancia, el 76% apelaciones de autos y el 13% apelaciones en juicios por delito.
Según se señala en la Memoria del TSJA de 2023, la carga penal de trabajo (total de asuntos pendientes de resolución del año anterior más los registrados en el año) asciende a 8.731 asuntos y se ha resuelto a lo largo de 2023 el 86%. Así, consideran que el volumen de asuntos resueltos “revela una buena laboriosidad de los magistrados y la actividad desarrollada se mantiene en un nivel similar entre ellas”. De la carga total la Sección primera ha resuelto un 85%, la Sección segunda un 90%, la tercera un 92%, la séptima un 87%, la octava un 82% y la novena un 83%, lo que refleja un correcto esfuerzo resolutivo.
No obstante, señalaron que partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 300 asuntos por Magistrado y año para las Secciones Penales de Audiencias Provinciales, este es un porcentaje que se supera en Málaga, además de forma mantenida en los últimos años, y que “refleja la necesidad de aumentar la plantilla para este orden jurisdiccional”.
Por otro lado, la Audiencia de Málaga ha ingresado 5.586 asuntos civiles (15% menos que el año anterior) y resuelto 6.584 (prácticamente igual que el año anterior). La carga total de trabajo civil fue de 12.458 asuntos (total de asuntos pendientes de resolución del año anterior más registrados en el año) y en el año 2023 se resolvieron el 52% de ellos.
El TSJA destaca que se han dictado un total de 5.586 resoluciones: 3.580 sentencias y 2.006 autos. De éstos, 1.901 ponían fin a un recurso y se distribuyen en 57% estimando, 42% desestimando y 1% autos anulatorios.
Aquí, el criterio técnico, orientativo e indicador referencial es de 200 asuntos por magistrado y año para las Secciones civiles de Audiencias Provinciales, que se “supera ampliamente” y de forma sostenida en los últimos años, por lo que la Memoria indica que “queda justificado incrementar la planta judicial, tal y como ha sucedido con el Real Decreto 1170/2023, de 27 de diciembre, de creación de unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023”, pero que, “sin perjuicio de ello, es insuficiente y se mantiene la necesidad de incremento futuro de plantilla y, en su caso, seguir con medidas de apoyo judicial y comisiones de servicio con relevación de funciones, con el objetivo de reducir la bolsa de asuntos pendientes y acercarse a tiempos de resolución más razonables.”
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