El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en Andalucía ha expresado su rechazo a la decisión de la Junta de aplicar medidas relativas a la comarcalización de varios Juzgados de Violencia sobre la Mujer en la Comunidad Autónoma.
La organización sindical expresó en octubre de 2021 a la Consejería de Justicia su rechazo a la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Campo de Gibraltar, que conllevó la pérdida de competencia de los órganos judiciales de La Línea y de San Roque, en favor de Algeciras.
"La medida fue, a todas luces desastrosa, con jornadas interminables para los trabajadores y profesionales, y largas horas de espera por parte de las víctimas para ser atendidas, junto con el hecho evidente de alejar geográficamente la justicia de las personas perjudicadas", señala STAJ en un comunicado, que crítica que se hayan desoído sus reivindicaciones por parte de los responsables de la Junta de Andalucía.
Por ello, el pasado 20 de octubre, STAJ volvió a remitir otro escrito a la Consejería de Justicia para que diera marcha atrás en su plan y suspendiera la aplicación a otros juzgados comarcales de Andalucía evitando así la "desmantelación" de los partidos judiciales.
El sindicato teme que con esta medida pueda suceder también en órganos como San Fernando, Puerto Real, Martos, Santa Fé, Roquetas de Mar, Torremolinos y Estepona.
Como propuestas sugieren a la Junta
la creación de nuevos juzgados, una coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para el reparto de los asuntos, o exención de los mismos, y una dotación extraordinaria de personal mediante el incremento de la plantilla de funcionarios en aquellos juzgados que lo necesiten.
"En todo momento nos opusimos al desmantelamiento directo del servicio en las localidades afectadas, y a día de hoy, no hemos obtenido respuesta del titular de la Consejería de Justicia", dice STAJ, que recuerda que "aun no siendo competencia directa de la Junta de Andalucía esta propuesta de comarcalización, sí puede la Consejería, si existe voluntad política, realizar todas las negociaciones con los órganos competentes para no dejar huérfano de servicio a aquellos territorios en los que se pretende eliminar estos juzgados", añade el sindicato.
En territorios como Aragón, en su momento, la Comunidad Autónoma se negó a llevar a cabo lo que ahora, "sin más discusión, hará previsiblemente la Junta de Andalucía", dice STAJ.
"Hay un bien jurídico superior en juego y es extremadamente importante. Si no se hace nada por parte de la Junta y los responsables de la Consejería no ejercen su función de velar por los derechos de las ciudadanas de su territorio, el acceso a la Justicia para miles de mujeres víctimas de Violencia en Andalucía quedará en entredicho. Vivimos un momento en el que debemos exigir a nuestros representantes altura de miras y evitar cualquier medida que pueda dar lugar al retroceso en derechos. La lucha contra la violencia sobre la mujer, a través de los juzgados en cada partido judicial, debe continuar", concluye la dirección de Staj.
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