La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía continúa sin abonar desde hace cinco años el importe de dos pagas extraordinarias que retuvo a cerca de 6.500 funcionarios de Justicia, destinados en los juzgados y tribunales de esta autonomía, como consecuencia de los recortes del gasto público a los que se enfrentaron todas las administraciones españolas por la crisis del año 2012.
Unos importes que, sin embargo, sí que han recuperado todos los funcionarios públicos de Justicia de comunidades como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o Galicia.
Este abono, que se estima por algunas organizaciones sindicales, alcanzaría los 19,5 millones de euros para todos los empleados de Justicia afectados (unos 4,5 millones en el caso de Málaga), equivale a dos pagas extraordinarias de esos dos ejercicios (el 5% de sus retribuciones), con una media de 3.000 euros por empleado correspondientes a las cuatro escalas de los cuerpos generales de la Administración de Justicia destinados en Andalucía (Gestión, Tramitación Procesal, Auxilio Judicial, médicos forenses y facultativos).
En este importe se excluye a los letrados de la Administración (LAJ), jueces y fiscales en las ocho provincias, a quienes el Ministerio paga directamente.
La devolución fue acordada y suscrita el 27 de noviembre de 2018, unas semanas antes de la celebración de la elecciones autonómicas andaluzas, mediante un documento firmado por la entonces consejera de Justicia del Gobierno socialista, Rosa Aguilar, con los delegados sindicales de CSIF, STAJ, CC OO y UGT (SPJ-USO se descolgó por la falta de concreción de los plazos de pago).
En dicho documento se señalaba que las "partes firmantes reconocen la necesidad de continuar trabajando para avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido", para así proceder a "la restitución de las cantidades dejadas de percibir de la paga adicional del complemento específico o equivalente de los años 2013 y 2014".
Se reconocía también que se había producido "una suspensión de los derechos" de los trabajadores públicos, mediante la ley 3/2012 promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy, y amparada en la sostenibilidad económico-financiera de ese momento.
El recorte de estas cantidades a cada funcionario de los 6.500, que se estima que era la plantilla de Justicia en Andalucía hace diez años, se realizó con una media de unos 100 euros mensuales por empleado durante esos ejercicios, ya que la ley impedía suprimir la totalidad de una paga extra a los funcionarios.
"De este modo, se nos deben unos 3.000 euros de media a cada funcionario, unos más y otros algo menos, y que en los últimos cinco años de gobierno de Moreno Bonilla no se nos ha devuelto 'haciéndose los locos' pese a que otras administraciones del Estado han cumplido gradualmente", explica un representante sindical.
Se da la circunstancia que esta demora en la devolución ha conllevado, incluso, que algunos de los funcionarios de Andalucía se hayan jubilado en la última década sin haber cobrado dicho importe de las extraordinarias.
En septiembre 2021, el secretario general de SPJ-USO Andalucía, Adriano Moreno, remitió un escrito al entonces consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Ciudadanos), en el que se recordaba que hasta incluso "la administración catalana pactó un calendario de devolución que está cumpliendo", habiendo recuperado en 2019 el 40% de la paga extra de 2013, y el 60% restante en julio de 2020.
Este sindicato recordaba, además, que la devolución de las extras de 2013 y 2014 "fueron defendidas en sede parlamentaria por el Partido Popular y Ciudadanos, actualmente en el Gobierno de la Junta" a partir de 2019.
NEGOCIACIÓN Y PAGAS DE CONSEJEROS
El acuerdo de noviembre de 2018 de compromiso con la Mesa Sectorial de Justicia para esta devolución, firmado unos días antes de la celebración de las elecciones autonómicas andaluzas que supusieron la llegada a la Junta del equipo de Juan Manuel Moreno, en coalición con Ciudadanos, fue publicado también en el Boletín Oficial (BOJA el 27 de diciembre de 2018).
Desde la Consejería de Justicia, que dirige actualmente el popular José Antonio Nieto, se reconoce la existencia de ese compromiso, pero se puntualiza que dicho acuerdo "recogía una serie de subidas salariales que se realizaron con el nuevo Gobierno de la Junta, un trámite necesario para darle validez a esta medida y que en cambio no había hecho el anterior equipo" socialista.
Además se recuerda que se recuperó la paga de 2012, pero "la devolución de las extras de 2013 y 2014 no se ha planteado hasta ahora como una prioridad en las negociaciones en la Mesa Sectorial con las organizaciones sindicales. Y no lo ha sido porque se han atendido otras medidas que por ambas partes sí se entendían como prioritarias".
La Junta cita como ejemplo de esas preeminencias la equiparación salarial de los docentes, el mantenimiento del personal Covid, o la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios con subidas de sus nóminas, "la última en enero".
La Consejería de Justicia, que recuerda que "de hecho tampoco se ha procedido a recuperar la paga extra de los miembros del Consejo de Gobierno que les fue retirada en 2013, y desde entonces no han vuelto a cobrar por este concepto", se muestra dispuesta a abordar este abono en el seno de la Mesa Sectorial de Justicia, "si esta reclamación pasa a ser una prioridad para los sindicatos".
El Gobierno andaluz sostiene que desde 2018 hasta ahora el Capítulo I de Personal de la Junta se ha incrementado en 5.000 millones de euros.
Tanto USO como Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) solicitaron el pasado 6 de septiembre, en una reunión en Sevilla con la secretaria general de Servicios Judiciales de la Junta, Rosalía Espinosa, que mientras no se abonen dichas pagas extras a aquellos empleados que han secundando la huelga este año se les descuente de las detracciones que la Consejería todavía les debe.
120 MILLONES MENOS DE INGRESO POR PATRIMONIO
Sobre las prioridades del gasto, los recortes aplicados y los ingresos tributarios regionales, fuentes sindicales recuerdan que la decisión de suprimir el Impuesto de Patrimonio en Andalucía, acordado en septiembre de 2022 por el Gobierno de Moreno Bonilla, comporta una pérdida de ingresos de más de 100 millones de euros por cada ejercicio, una cantidad con la que se podría devolver las extras retenidas.
En 2020, la recaudación de este impuesto cedido por el Estado a Andalucía fue de 93,3 millones de euros, de un total de 16.787 contribuyentes afectados.
"Mientras que se mantienen los recortes de hace una década, de derechos adquiridos por los trabajadores públicos, se aplican exenciones fiscales a contribuyentes que más tienen, restando así los recursos regionales", indica un dirigente sindical de USO Justicia.
Según un informe de Bankinter, elaborado con datos de 2022 de la Agencia Tributaria, la recaudación del Impuesto de Patrimonio en Andalucía se elevó a 120 millones de euros, y el número de contribuyentes afectados era de 20.661, algo más del 0,2% de la media de población contribuyente.
Los sindicatos recuerdan que mientras se justificaba la supresión del Impuesto de Patrimonio por la situación de la Guerra de Ucrania, la atracción de capital exterior y el aumento de la inflación, "el Gobierno andaluz no aplica este último matiz de devolver las dos pagas a los empleados de Justicia, para que puedan recuperar así su poder adquisitivo perdido en 2013 y 2014".
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