El fiscal Juan Calvo-Rubio (Aguilar de la Frontera, Córdoba, 1960) entró a finales del año pasado al edificio de la Ciudad de la Justicia de Málaga por la puerta grande, con el aval mayoritario del Consejo Fiscal y del Fiscal General del Estado, Álvaro García. Y lo hizo para asumir la jefatura de la Fiscalía Provincial de Málaga, un departamento donde había ejercido anteriormente más de 20 años y que registra una elevada litigiosidad. De él dependen 105 representantes del Ministerio Público en la provincia malagueña, de los 2.704 que hay en España. Calvo-Rubio ingresó en la carrera fiscal en 1986, y en 2015 fue nombrado jefe de la Fiscalía de Córdoba, donde estuvo seis años. En esta entrevista insiste una y otra vez en que los males de la Justicia en España no se solucionarán sin un Gran Pacto entre las fuerzas políticas, acompañado con una fuerte inversión presupuestaria para medios y personal.
.-¿Ha pensado en estos siete meses que con el destino que tenía como jefe en Córdoba, y tras su regreso temporal a Málaga, 'quién me manda a mi' terminar mi carrera en una demarcación con tanto litigio
.-Málaga es la quinta provincia de España en número de fiscales, y es cierto que en Córdoba estaba muy bien, pero mis vínculos familiares, e incluso residenciales, han estado en Málaga durante muchos años. Regresé a esta ciudad como fiscal de a pie porque, aunque podría haberme quedado en una plaza Córdoba, opté por volver a mi antiguo puesto por motivos personales. Luego me presenté a la vacante de la Jefatura porque me gusta mi carrera y, terminarla en la Fiscalía donde he estado toda la vida, era un reto profesional. Me he visto con ganas, ilusión y energías suficientes para ello.
.-El pasado mes de noviembre, cuando tomó posesión, dijo que una de sus intenciones era que “la Fiscalía recupere la credibilidad entre los ciudadanos”.
.-Lo que quise decir no se refería a la gestión del anterior fiscal jefe de Málaga, sino a la credibilidad que tiene la Fiscalía en su conjunto. Se han dicho frases desafortunadas sobre el papel de la Fiscalía, que los ciudadanos han percibido como un órgano más politizado y dependiente del Gobierno de turno. Al fiscal General General del Estado lo nombra el Gobierno, porque así está previsto en la Constitución, pero nada más. Los fiscales actuamos a partir de los principios de legalidad e imparcialidad, y es así como nos movemos profesionalmente. Nosotros desde Málaga damos servicio a toda la provincia, ya que los órganos de enjuiciamiento principales están en la capital.
.-¿Y cómo ha encontrado al Ministerio Público a su regreso?
.-Pues ha cambiado poco puesto que las carencias de hace seis años son casi las mismas. No hay cambio, en este caso positivo, respecto a los fiscales que permanecen, ya que son grandes profesionales, y las vacantes que se han cubierto estos años se han contagiado del espíritu que tenemos en la Provincial. La Fiscalía de hoy poco tiene que ver a la que yo llegué en 1986. Ahora, incluso, cuesta trabajo entrar aquí, porque Málaga es una Fiscalía 'apetecible' en nuestra carrera. Ello supone que los compañeros que llegan tengan más años de experiencia profesional, al tiempo que hay una plantilla muy estable porque las condiciones de vida en la ciudad son buenas. Esto ayuda a reducir la movilidad hacia a otros destinos, a pesar del mucho trabajo que tenemos. La Justicia ha sido siempre la Cenicienta de la Administración, y dentro de ella la Fiscalía es el área que peor trato ha recibido.
.-Habitualmente, la opinión pública identifica el trabajo de los fiscales con asuntos penales como el narcotráfico o el blanqueo de capitales. Sin embargo, tienen un área que persigue los delitos medioambientales. ¿Cómo se encuentra esta sección y cuándo han intervenido? .-Todas las ciudades con costa registran delitos muy complejos, pero en el caso de Málaga contamos con la Costa del Sol. Y si ello es un reclamo para el turismo, también lo es para el mundo delictivo. Aquí hemos sufrido, por determinadas circunstancias, muchos casos de corrupción. Somos una provincia donde las mafias internacionales se han establecido, y estamos al lado de Cádiz, el puerto de Algeciras y Gibraltar. Y cuando se 'aprieta más' en la persecución en esa zona, como ha sucedido últimamente, el delincuente, que no descansa, se desplaza a otra. Y eso es lo que nos está ocurriendo aquí, en Málaga. En la especialización para medio ambiente tenemos un solo fiscal para toda la provincia, y otros tres más que comparten su trabajo diario y parte del de esta sección. Ojalá pudiéramos dedicar más fiscales a esta materia, pero tenemos que atender otras especialidades. Lo ideal sería que hubiera tres o cuatro fijos. Este es uno de nuestros grandes problemas, la falta de medios personales. Fíjese que ya en el 2014 el 12% de las sentencias condenatorias en España por delitos de medio ambiente, donde se incluía el urbanismo, correspondían a Málaga.
.-Hay un aspecto relacionado con este campo como es la contaminación acústica en las ciudades. Juzgados de lo Contencioso-administrativo han sancionado a ayuntamientos, como en el caso de la 'plaza Mitjana', Vélez o Torremolinos, por inacción municipal. ¿La Fiscalía entiende que es un problema para la salud de los vecinos?
.-El derecho penal aparece cuando el resto de las administraciones han fallado, y no puede ser al revés. No toda actuación puede conllevar una responsabilidad penal. Ello no significa que no existan otras responsabilidades como las civiles, las administrativas, las éticas, morales o las políticas para cada supuesto caso. Y no hace falta que haya una sentencia penal condenatoria. Le pongo un ejemplo: una persona firma un contrato para la compra de un piso, y cuando no se lo dan en las condiciones fijadas dice que le han estafado. El individuo se siente estafado, y es verdad que no han cumplido y le pueden deber un dinero. Pero si miramos los requisitos de la estafa en el Código Penal, y no se dan en ese caso, no se puede convertir el incumplimiento de dicho contrato en un delito. Somos muy dados en este país a judicializar todo, y si no hay responsabilidades penales las otras es que no existen. Se nos olvidan las morales, o las políticas, y ello no debería de ser así. Como tampoco a los que se absuelve y salen diciendo 'miren era una persona fantástica', cuando lo que no hemos conseguido demostrar es que sea un delincuente. Pero ello no le convierte en un magnífico individuo social.
.-El Ayuntamiento de Málaga tiene un seguro de Responsabilidad Civil para autoridades, entre ellos concejales y directores generales, que indemniza por reclamaciones de prevaricación o abuso de poder, entre otros 'siniestros'. ¿Qué le parece que una administración local tenga una póliza con este tipo de coberturas?
.-El Ministerio Fiscal funciona bajo el principio de legalidad e imparcialidad. Las actuaciones de los políticos, sean quienes sean, al Ministerio Público no le merecen ninguna consideración salvo que se acabe cometiendo un delito. No podemos ser una instancia de supervisión de la Administración local, provincial o autonómica, porque no estamos para eso. Estamos para cuando haya un delito intervenir.
ASISTENCIA A JUICIOS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS
.-El fiscal tiene asignada la defensa en materia de vulneración de derechos fundamentales de la Constitución. ¿Tiene posibilidades la Fiscalía de Málaga para acudir a estos procedimientos?
.-Hay una sección con varios fiscales que hacen lo posible por acudir a estos procesos priorizando. Lo que sucede es que con la carencia de medios que tenemos puede ocurrir, a veces, que nos impida estar en algunos procedimientos de la jurisdicción de lo Social o de la Contencioso-administrativa. Pero ello no significa que no les demos importancia. El volumen de trabajo ha aumentado mucho, pero las plazas de fiscales no en la medida que nos harían falta. Es necesario un verdadero Pacto por la Justicia, con inversión suficiente en esta Administración. Pero no se hace. Se convocan oposiciones, se crean plazas sí, pero son pocas. La plantilla desde que yo entré ha aumentado muy poco. Basta comparar las medias por habitante de fiscales y jueces con los países de nuestro entorno para ver que estamos muy por debajo. Pero tampoco debemos olvidar que si el órgano de dirección no tiene personal para la ejecución, tampoco se puede andar. Y me refiero a la falta de funcionarios. En la Fiscalía penal prácticamente hay la mitad de funcionarios que de fiscales. Es cierto que se aumentan las plazas de fiscales, pero desde hace mucho tiempo que no se incrementan las de funcionarios. Eso no sucede con la creación de un juzgado que lleva aparejado no solo el juez, sino también el letrado y los ocho o nueve funcionarios correspondientes. Unas diez personas de media. Aquí en la Fiscalía, se cubre la plaza del fiscal, pero no llega el personal. Y esta situación dificulta nuestro trabajo y presencia diaria.
.-Hemos visto en Marbella como a la hora de ejecutar un fallo condenatorio por despido contra el Ayuntamiento no se ha podido porque se llegó tarde. ¿Cómo se le queda el cuerpo como fiscal jefe?
.-Pues mal, por supuesto. Desgraciadamente no es algo infrecuente. Es por todos conocido que la Administración de Justicia, en algunas jurisdicciones, es lenta. Ahora en Málaga tenemos el 'caso Astapa' de Estepona, que se inició en el 2007. No se puede resolver un asunto 16 años después. Estos casos son un ejemplo de lo que venimos reclamando, una voluntad real de medios para la Justicia con un gran pacto. No puede ser que una sentencia que sea justa, con el trabajo y esfuerzo que realizas, se ejecute luego tarde, porque si es lenta su aplicación no es justicia.
.-En el último año Málaga ha asistido a intervenciones policiales como la detención de nueve funcionarios de Hacienda, un comisario de Policía en Fuengirola, una investigación contra oficiales de la Guardia Civil, una denuncia desde dentro del Ayuntamiento por la construcción del aparcamiento de Smassa... ¿Cree que existe hoy un riesgo en las administraciones públicas de que penetre la corrupción?
.-Hay una realidad y es que donde hay seres humanos y existe cerca el dinero, desgraciadamente puede que alguien entienda la situación de manera distinta a como la entendemos, afortunadamente, la mayoría. Desterrar esas situaciones es complicado, y lo intentamos. Se lucha contra eso, pero son necesarios más medios. Por otra parte, el fiscal no es un policía cualificado y ese tipo de investigaciones corresponde a los Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando dan fruto, es cuando aparecemos nosotros, aunque indudablemente debemos intentar estar desde el primer momento y en la medida de lo posible dirigir. Pero ahora no siempre se puede. Si no llegamos a estar presentes en algunas declaraciones en el juzgado, ¿cómo vamos a estar en las que todavía no están en sede judicial? Nos resulta prácticamente imposible.
.-¿Se debería, a su juicio, suprimir la acusación popular como defienden algunos sectores de la judicatura? .-Esta acusación tiene sus ventajas y también sus inconvenientes. Para el Ministerio Fiscal, mientras la legislación lo establezca, nosotros encantados. Si el legislador decide quitarla, habrá que acatarlo. Yo, como fiscal jefe, no tengo opinión. Cuando la legislación está en vigor, se aplica. La acusación popular no es un contrapeso a la que ejerce la pública de la Fiscalía, sino que tiene una finalidad distinta. Nosotros nos regimos por los principios de legalidad e imparcialidad. La popular se rige por su cliente cuya intención puede ser magnífica, sesgada o parcial. Esa acusación popular, ¿qué es?, ¿la voluntad de cuántos?, ¿Cómo medimos el sentir de la sociedad cuando sus promotores dicen que ellos lo representan con la acusación popular?
.-En los últimos meses se han llevado a cabo tres modificaciones del Código Penal por el delito de sedición, malversación y la ley de Libertad Sexual. ¿Es acertado realizar tantas reformas para el funcionamiento diario de la justicia?
.-Lo ideal es realizar una legislación penal que perdure. La reforma tras la reforma, y la contrarreforma de la contrarreforma obviamente lo que hace es introducir elementos disonantes en la situación. Pero insisto, el Ministerio Fiscal no está integrado en el Poder Legislativo, y aplica la ley cuando se publica, y la deja de aplicar cuando se deroga. Y no hay que darle más vueltas.
.-Han aumentado los delitos de odio, racismo o los cometidos por menores. .-Sobre esta cuestión sí que creo que necesitamos mayor educación. Cuando vemos que se están produciendo situaciones de violencia que hace años no ocurrían, nos indican que algo está fallando en el sistema. Los medios de comunicación lo reflejan a diario. Pero el derecho penal no es la solución al problema, y llega cuando no hay más remedio. Por tanto, la solución tiene que venir antes por la vía de la prevención. ¿Cómo? Educando a las personas en valores que hagan que esas circunstancias no sean vistas con normalidad. Los nueve fiscales de Menores que tenemos en Málaga constatan que han aumentado estas conductas.
.-¿Las sentencias de conformidad han sido un acierto para la agilización de la justicia? .-La conformidad surge porque tenemos un país muy litigioso, y nuestra Administración de Justicia no está preparada para dar una respuesta a este volumen. Por consiguiente el sistema de conformidad que aplica el Ministerio Fiscal permite aliviar un poco esa carga de la justicia, pero al mismo tiempo cuando el individuo reconoce los hechos y asume su responsabilidad por los mismos, podemos llegar a esa opción personal. Si podemos resolver un procedimiento cuanto antes, ¿por qué lo vamos a posponer? Pero hay que recordar que las penas siempre se cumplen, aunque a veces no se ingrese en prisión. A lo mejor deberíamos de introducir algunos elementos de la conformidad en la fase de instrucción, para que el investigado tuviera alguna 'motivación' y asumir antes su responsabilidad en los hechos.
LEY DE PARIDAD Y TENSIONES EN EL PERSONAL DE JUSTICIA
.-El Poder Judicial ha informado la semana pasada sobre la ley de Paridad en los órganos de Justicia y en el Consejo Fiscal. Hoy, el 65% de la carrera fiscal está integrada por mujeres. ¿Es una representación 'equilibrada' la actual? .-Estoy de acuerdo en la regulación, pero pienso que en nuestro departamento no veo que haya tanta diferencia. Sí que es cierto que en los puestos de responsabilidad hay más hombres, pero hay que recordar de dónde venimos. Los fiscales de Málaga, con mayor experiencia y antigüedad, somos varones aunque haya una mayoría de mujeres fiscales ejerciendo. Yo no lo he percibido nunca como un problema. La Fiscal Superior de Andalucía, por ejemplo, es una mujer, y no hay diferencia alguna. Pienso que no tenemos esa percepción en la carrera fiscal, pero sí hay que dar más pasos en el criterio de paridad me parece muy bien.
.-El personal del Ministerio de Justicia está revuelto por demandas económicas. Han protestado los antiguos secretarios o LAJ, los jueces, los fiscales y ahora los funcionarios, algunos de ellos trabajan en la Fiscalía. ¿Qué les diría cuando ven que no se incrementan sus salarios y a otros cuerpos sí? .-Siempre he dicho que necesitamos de una inversión, y no se puede hablar en la Administración de Justicia de jueces, fiscales y letrados sin tener en cuenta a los funcionarios. No seríamos nada si éstos no trabajasen. Ellos son una pieza tan o más importante que el resto de cuerpos. Entiendo sus reivindicaciones, y cuando se plantea un conflicto lo lógico es reunirse. En este y en cualquier otro. Cuando tomé posesión, una de las primeras cosas que hice fue reunirme con la Junta de Personal de los sindicatos, para expresarles que cualquier problema que surgiera se pudiera analizar. Cosa distinta es si se alcanza o no el acuerdo. El paro indefinido de los funcionarios nos está afectando mucho en la Fiscalía, puesto que el papel de los expedientes no se mueve. Los dictámenes de los fiscales se hacen, pero no salen como debería de ser.
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