Palmira vive hasta hoy con sus dos hijos de 18 y cinco años en la calle Guadiato. Yasmine, lo hace con su pequeño de cinco años en la calle Trinquete, dos puntos distantes de la capital malagueña, pero unidos por el hilo invisible de enfrentarse al drama del desahucio, y no es el primero. Pero además, llegan el 8 de Marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, paradójicamente. Ambas, motor y sostén de sus familias monoparentales, sin ingresos por parte de sus parejas o exparejas, tienen una cita a las nueve y media de la mañana con la fatalidad. Las dos, si nada lo remedia, y parece que así va a ser, abandonarán los pisos donde residen ahora para, provisionalmente, y durante tres días, alojarse en un hostal a la espera de una solución perdurable.
Las dos han señalado a Viva Málaga que mandarán sus hijos al colegio, como cada día, ese que pueden perder si dejan de residir en sus zonas actuales con lo que supone sacarlos de donde están escolarizados, para evitarles el drama del desalojo. Porque, el trauma psicológico, el desgaste, la desesperación se queda para ellas, para Yasmine, de 22 años y para Palmira de 38. Y también la impotencia de no saber ya qué hacer, de no conseguir ni la paralización judicial por su situación de vulnerabilidad, ni tampoco hallar un alquiler a su alcance, aunque tengan concedida la ayuda para un arrendamiento, porque “nadie quiere ofrecerte una vivienda con esta ayuda”.
Dos casos similares, porque, tienen claro que por proteger a sus hijos hacen lo que sean. Así le ha ocurrido a Yasmine que relata como después de ser desahuciada de la vivienda en la que estaba alquilada hace dos meses y medio, por no poder pagar al haber perdió su empleo de teleoperadora, “compró una llave de una casa” con lo poco que le quedaba para no quedarse con la criatura en la calle, y después descubrió que se trataba de un inmueble sujeto a desahucio que se hace efectivo este miércoles, y sin poder intervenir ni personarse en el proceso judicial al no ser propietaria ni arrendada.
Ambas tienen ademas en común contar con el asesoramiento de Abanico Solidario, cuyo presidente, Paco Álvarez lamentaba ayer el daño que se está haciendo a los niños y niñas, que van a “convertirse en una generación perdida. Y lamentaba también que hay jueza y jueces que asegura, no están aplicando el escudo social o atendiendo a lo que los técnicos de trabajo social presentan en sus informes de vulnerabilidad que asegura, hay ocasiones en que son rechazados “sin presentar motivación por parte del magistrado”.
Mientras, Málaga puede cerrar este miércoles otro capítulo de su crisis habitacional, ese que perjudica, siempre especialmente a las y los más vulnerables.
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