Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de Málaga mantienen su desafío de paralizar los servicios judiciales en tribunales, registros civiles y transferencias de pagos de costas o pensiones en toda España, cuando se cumplen doce jornadas de huelga indefinida por la que reclaman una subida salarial, que justifican por el aumento de funciones asumidas tras la entrada en vigor de la reforma de la Oficina Judicial en el año 2009.
Además reivindican el derecho a una negociación colectiva como cuerpo jurídico propio, y sin estar representados por los sindicatos tradicionales de funcionarios de Justicia, que no secundan esta protesta.
El paro se inició en los juzgados de Málaga el pasado 24 de enero, y aunque el seguimiento ha alcanzado, según los convocantes, una media de entre el 60% y el 65%, de una plantilla de más de cien funcionarios de este cuerpo superior de la escala A que ejercen en la provincia malagueña, las tres organizaciones profesionales promotoras (UPSJ, AInLAJ, y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia) han dirigido esta semana sus críticas hacia la ministra Pilar Llop, no solo por no sentarse a negociar con el Comité de Huelga, sino acusando a su equipo de "manipular" el seguimiento del paro y los efectos económicos que está teniendo en la ciudadanía y operadores jurídicos, como abogados y procuradores.
Más de un millar de vistas y actuaciones se habrían suspendido en estas tres semanas, indican fuentes de las asociaciones.
Respecto a la participación, el Comité de Huelga ha recurrido en vía contencio-administrativa, el pasado día 2, la Instrucción 1/2023 relativa a las sustituciones durante este paro, puesto que consideran "una violación del derecho fundamental de huelga" el fijar, a su juicio, por parte del Ministerio de Justicia unos servicios mínimos elevados, y limitar los días de asuntos propios pendientes desde 2022, que muchos secretarios han comenzado a disfrutar a finales del mes de enero coincidiendo con este paro indefinido nacional.
En este sentido, los responsables de Justicia han pedido a los LAJ que comuniquen con suficiente antelación a los Secretarios Coordinadores de cada provincia y Salas de Gobierno de las respectivas autonomías si harán huelga cada día, circunstancia, que sostienen, vulnera el derecho constitucional al paro. "El Ministerio de Justicia actúa como un verdadero piquete coercitivo", han afirmado en este sentido en un comunicado.
Por otra parte, los miembros electos de las asociaciones convocantes en el Consejo del Secretariado, el órgano consultivo que tiene el Ministerio para su relación con los LAJ de toda España, han presentado su renuncia la pasada semana, por "el flagante incumplimiento de los acuerdos alcanzados en abril de 2022", donde se recogía una salida pactada a las demandas salariales y profesionales de los secretarios.
Durante la jornada de este miércoles, alrededor de medio centenar de letrados de la capital y provincia se concentraron con una pancarta en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Málaga. La intensa lluvia caída obligó a realizar esta concentración en las dependencias del edificio judicial.
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