Por el que piden diez años y nueve meses de prisión al exalcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos
El caso Astapa contra la corrupción política-urbanística en Estepona (Málaga) se juzgará el próximo enero en la Audiencia Provincial de Málaga, dieciséis años después de que se abriera el procedimiento.
El 9 de enero está previsto que comience el juicio con las cuestiones previas y se han fijado seis días de vista, para que las partes pueda alegar y presentar sus argumentos que tengan cabida en este apartado, según una providencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga.
Después el Tribunal resolverá sobre las mismas "y se resolverá de inmediato sobre las diligencias de prueba que puedan proponerse", y el juicio continuará el 7 de marzo los lunes, martes y miércoles a partir de las 10.00 horas.
El juicio se dividirá en diez bloques, como ya se hizo con el caso Malaya, sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, formula que ayudó a agilizar este macroproceso en el que debido al numero elevado de acusados y partes personadas en el procedimiento complica el desarrollo de la vista oral.
Otra semejanza con el caso Malaya, que fue seguido en toda España no sólo por la relevancia económica y social sino por la complejidad para su celebración, es que las sesiones se celebrarán solo de lunes a miércoles, para que los letrados puedan seguir atendiendo sus despachos.
El primero de los bloques que se enjuiciará en el caso Astapa será sobre convenios urbanísticos de planeamiento y habrá que esperar hasta el apartado octavo para que se trate la supuesta financiación de partidos políticos.
El fiscal presentó su escrito de acusación el 27 de junio de 2018 y ha solicitado diez años y nueve meses de prisión y treinta y ocho años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos.
El exregidor está acusado de delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, según el escrito provisional, que acusa a 50 personas, entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales y se pide el sobreseimiento de 39.
Barrientos siempre ha defendido que actuó dentro de la legalidad y mantiene que nunca se ha enriquecido o ha obtenido beneficio fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor al tiempo que incide en su escrito de defensa que los informes policiales y de la Agencia Tributaria están "plagados de errores".
La investigación se inició en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron en Madrid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, un escrito acompañado de abundante documentación en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podían estar cometiendo delitos relacionados con la corrupción.
En el escrito acusatorio del fiscal, que consta de 162 folios, se explica que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el Ayuntamiento de Estepona para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.
El fiscal mantiene que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, "que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales".
Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores, lo que con frecuencia dio lugar a manipulaciones en el objeto de las correspondientes facturas o a la emisión de otros documentos falaces.
Los empresarios requeridos solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio y en los años siguientes se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística.
