La respuesta de la Junta de Andalucía y de la dirección del centro ha llegado un día más tarde de que la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes denunciara públicamente la “intimidación” que están sufriendo una alumna y su hermana en el colegio La Goleta, de Málaga capital, por su decisión de ir a clase con el hiyab.
De esta manera, la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía anunció este martes que ofrecerá a la familia la posibilidad, “siempre voluntaria”, de cambiar a otro centro educativo que no tenga esta norma en su reglamento de funcionamiento.
Es precisamente a las normas a lo que se acoge la Junta para defender la actuación del centro escolar, perteneciente a la orden de las Hijas de la Caridad. “Los centros, dentro de su autonomía, establecen una serie de normas, también sobre la vestimenta, que reflejan en los reglamentos orgánicos de funcionamiento, que son normas de obligado cumplimiento para todo el alumnado que se matricula libremente”, detallaron fuentes de la delegación de Educación en Málaga tras ser consultados por Viva Málaga.
“Desde la Delegación, a través del servicio de inspección, lo que hemos hecho es comprobar que efectivamente en ese reglamento está establecida esa norma que prohíbe al alumnado llevar prendas que cubran la cabeza”, explicaron.
Asimismo, adelantaron que este miércoles recibirán a esta familia, “la escucharemos y le ofreceremos la posibilidad, siempre voluntaria, del cambio a un centro que no tenga esta norma en su reglamento de funcionamiento”.
El centro responde
Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el citado colegio en diversas ocasiones. Finalmente, la directora contestó para asegurar que no harán declaraciones y remitían a un comunicado en la web del centro escolar.
“El Colegio San Juan de Dios La Goleta se ha limitado a aplicar el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del centro en cuanto norma de régimen interno que responde a la autonomía organizativa reconocida a todos los centros por las leyes educativas”, aseguran en estas líneas.
En el comunicado, señalan que la dirección y entidad titular “están profundamente comprometidos con la libertad religiosa y la cuestión planteada no guarda relación alguna con tales derechos y libertades”.
Por último, sostienen que “en todo momento se ha mantenido un diálogo constante con alumnas y familia afectadas, que sólo se ha visto interferido por las actuaciones de personas y entidades que no forman parte de la comunidad educativa”.
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