El PSOE ha encontrado en el caso del peaje de la autopista todo un filón desde el que poner en evidencia al PP. Cuenta para ello con la inestimable colaboración del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que les ha dado las claves para dar sentido al más preciado bien político de nuestros días: disponer de un relato. Y ese relato dice que el Gobierno pondrá fin al pago por circular por la AP-4 a partir del 1 de enero de 2020, pero que, llegado ese momento, deberá decidir qué hacer con la carretera.
Esa cuestión, que debería ser meramente administrativa, relativa a la titularidad y responsabilidad sobre la propia vía, la ha convertido el PSOE en un misterio sobre el que pesa una duda razonable, como consecuencia del “lenguaje artificioso” que emplea el propio Ministerio para explicar la cuestión, y que literalmente dice así: “El Gobierno tiene la intención de no prorrogar el plazo concesional. Finalizado dicho plazo, la autopista revertirá a la Administración General del Estado, que decidirá a partir de ese momento la forma de explotación que más beneficie al interés general”.
Sumen a ello la propuesta del ministro para acordar con los demás grupos políticos un Pacto de Estado por las Infraestructuras del país, entre las que se incluye el futuro de las autopistas cuyas concesiones estén a punto de expirar, y encontrarán el clímax necesario para potenciar el suspense. Algo que, por otro lado, sabe hacer a la perfección la bien engrasada maquinaria socialista en Andalucía cuando se trata de someter al eterno adversario.
Y, por supuesto, al PP le han dado por todos lados, y desde todos los ámbitos posibles: local, provincial y regional. La base es, además, lo suficientemente sólida como para evitar grietas en la sospecha reconvertida en denuncia, ¿o acaso conocen a alguien de la provincia que esté a favor de la continuidad del peaje?: ni siquiera entre el PP. Y ésa es la auténtica cuestión, porque de ser cierta la posibilidad de que se renueve la concesión de pago, sería para correr a gorrazos hasta la zona del Fantasma a todos los que lo niegan en este momento, por la afrenta y el “ridículo histórico” -a la altura del de Puigdemont-, y no creo que eso entre en los planes de los populares, entre otras cosas porque es del tipo de ridículo del que no se vuelve, a la par que una traición en toda regla.
En el fondo, a lo que asistimos es a una renovada estrategia política en la que el PSOE es quien lleva la iniciativa, igual que ha logrado hacer lo propio con el tema de la ITI después de que se les adelantara el PP hace cosa de un año. En la provincia ya hace meses que no se habla de otra ITI y de otros fondos que los que gestiona la Junta de Andalucía, pese a que solo tiene competencias sobre poco más de una cuarta parte del total de subvenciones puestas a disposición del nuevo modelo productivo que debe emerger en la provincia de Cádiz antes de 2021. La clave en este caso no es que el PSOE malinterprete, falsee o desconozca la parte de la ITI que corresponde al Gobierno central, sino que el plazo para acabar de invertir los casi 1.400 millones de euros puestos a disposición de la provincia acaba en tres años y, de momento, no se aprecian avances en las iniciativas que competen al ámbito estatal, ni en su repercusión sobre el empleo, que es la máxima sobre la que pivota la propia ITI.
También puede ser que el PP le tenga más fe a Juanma Moreno que a la Iniciativa Territorial Integrada. Los 600.000 empleos que promete crear en Andalucía si llega a la presidencia de la Junta, de los que 90.000 serán en la provincia de Cádiz, casi relegan a cualquier otro titular, aunque será difícil que cortejen con éxito a la acrecentada incredulidad del votante ante este tipo de promesas. El papel, definitivamente, lo soporta todo, hasta la ambición del PP por gobernar de una vez en Andalucía, pero no parece que prometer empleos, como si no hubiera un mañana, puedan valerle para tumbar a quien en casi 40 años de gobierno ha sido incapaz de que las cifras del paro le muevan la silla, ni siquiera para desequilibrarle.
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