Centran el debate político. Se discute sobre su sostenibilidad. Y será durante mucho tiempo el tema del momento... Las pensiones continúan copando buena parte de las páginas de los periódicos, de las tertulias en radios y televisiones, de las charlas en bares y restaurantes. Todo el mundo habla de ellas, pero nadie parece atisbar ninguna solución en el corto y medio plazo.
El Gobierno, con el objetivo de finalizar la legislatura, anunció la implantación de la denominada “tasa Google” para financiar el mayor gasto que conllevará su revalorización del 1,6% -en línea con el IPC-, tras el acuerdo sellado con el PNV de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Pero este impuesto a las tecnológicas -que no tasa, y no sólo a Google- no se trata de ninguna novedad, ya que la Comisión Europea planteó el 21 de marzo pasado un borrador de directiva para que las grandes compañías digitales tributen en los países de la UE mediante un impuesto en torno al 3% de los ingresos generados en cada país por las empresas de servicios digitales que en un periodo impositivo facturen más de 7 millones de euros, cuenten con más de 100.000 usuarios o con más de 3.000 contratos en un Estado miembro.
En cualquier caso, este “impuesto sobre los Servicios Digitales (ISD)” no estaría vigente, como muy pronto, hasta 2020. Además, su recaudación en toda la UE rondaría los 5.000 millones de euros. Y aunque todavía no se conozcan los detalles de la nueva figura, ni se hayan definido los criterios para distribuir los beneficios de cada transnacional en cada país miembro y la horquilla en la que se permitirá establecer el tipo del impuesto, España ingresaría en torno a los 600 millones de euros a medio plazo, cuando la subida de la pensiones costará 1.600 millones en 2018.
En otras palabras y para ser totalmente franco: el impuesto a las tecnológicas no servirá por sí solo para sufragar la subida de las pensiones, por mucho que Hacienda se sienta capaz de recaudar más de 1.000 millones de euros por la “tasa Google” que propondrá al Pacto de Toledo, como anunciaba estos días el Director de la Agencia Tributaria. De hecho, esta figura aportaría, de aprobarse este año, como mucho 300 millones de euros.
Entonces, ¿de dónde se sacará el dinero para blindar el poder adquisitivo de los pensionistas? Y es en este punto donde surge otro frente de incertidumbres. Máxime teniendo en cuenta que el PP ha cedido y garantizado que subirá las pensiones más bajas con el IPC para siempre, incluso en periodos de crisis o recesiones económicas. Pues bien, aunque el PIB avanzará casi un 3% este año, no será suficiente para cumplir los compromisos comunitarios.
De hecho, desde Bruselas han corregido al alza sus estimaciones para el déficit público, que cerraría 2018 cuatro décimas por encima del objetivo pactado. Y eso sin contar que el informe europeo se elaboró antes de que se anunciara la subida de las pensiones... En resumidas cuentas, a los más de 4.000 millones de euros que se desviarán las cuentas públicas habría que sumar los 1.500 millones de euros que costará vincular las pensiones con el IPC, por lo que el desfase presupuestario se elevará hasta el entorno de los 6.000 millones e impedirá, de nuevo, cumplir con las autoridades comunitarias.
Con los datos puestos sobre la mesa y la nevera llena de promesas incumplidas, el menú que ahora se encuentra entre fogones será de difícil digestión. Por ello, la actualización de las pensiones con el IPC debería consolidarse mediante un sistema mixto de financiación de la Seguridad Social (cuotas sociales e impuestos). En cualquier caso, probablemente el PP acabe presentando enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2018 con un recorte en otras partidas del gasto, que sólo podría evitarse si aumentaran los ingresos en 1.500 y 1.800 millones este año y el próximo, respectivamente, tanto como costará el incremento de las pensiones en 2018 y 2019.
En definitiva, la subida de las pensiones, como se preveía a pesar de que algunos lo quisieran ocultar, depende de la voluntad política del Gobierno, que ahora se enfrenta al reto de financiar ese mayor gasto para alcanzar el anhelado equilibrio presupuestario. Ni Google, ni Amazon, ni Apple pagarán nuestras pensiones, que siguen en el aire, a la espera de una bombona de oxígeno que les permita respirar y que podría encontrarse en la aprobación de una reforma fiscal integral que dé suficiencia al sistema y haga efectivos los principios de generalidad, igualdad, capacidad económica y progresividad establecidos por nuestra Constitución.
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