El proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local aprobado por el Consejo de Ministros desoye el Dictamen del Consejo de Estado y aún se enroca más en los asuntos sobre los que este alto organismo advirtió de una más que posible inconstitucionalidad.
Es verdad que el Gobierno ha hecho desaparecer el famoso coste estándar, que fue criticado no sólo por el Consejo de Estado sino también desde todos los sectores locales, tanto profesionales, técnicos y políticos, y se ha sustituido por el coste efectivo de los servicios. Según el Gobierno se trata de una medida de transparencia que debe contribuir a una mejora de la eficiencia en el medio plazo. Incluso le confiere a las diputaciones el papel de seguimiento de esos costes para que cuando detecten que son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ellas ofrezca a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. Y dicho así parece absolutamente razonable.
Pero el proyecto le reserva una desagradable sorpresa a la mayoría de ayuntamientos. En principio a los de menos de 20.000 habitantes pero muy especialmente a los de menos de 5.000, es decir, al 84 % de los municipios españoles, para los cuales prácticamente todas sus competencias serán asumidas directamente por las diputaciones que decidirán si las prestan directamente por ellas mismas o a través de una gestión compartida, mediante consorcios, mancomunidades, etc., pero sin intervención alguna del ayuntamiento que, no obstante, tendrá que seguir pagando su coste. Y será cada diputación la que decida si devuelve o no esas competencias porque son ellas las que deben acreditar si el ayuntamiento solicitante está en condiciones de asumirlas. Es decir, se suprimen por ley las competencias de la mayor parte de los municipios que pasan a ser competencias provinciales, quedando los ayuntamientos, en la práctica, como simple elementos folclóricos, independientemente de su situación económica y financiera, aunque eso sí, con alcaldes, concejales y asesores debidamente remunerados.
Este texto es mucho peor que el que fue criticado por el Consejo de Estado, contraviniendo su Dictamen en lugar de adaptarse a él como nos habían prometido, e incidiendo mucho más en el desapoderamiento de los ayuntamientos en favor de las provincias que supone una flagrante vulneración de la garantía de la autonomía local consagrada en los artículos 137 y 140 de la Constitución, además de seguir insistiendo en el fortalecimiento de las diputaciones que son entidades de representación indirecta, contrarias a la Carta Europea de la Autonomía Local al no estar sometidas al refrendo de las urnas. Es decir, al contrario de lo que volvió a anunciar el Ministro Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el proyecto, este supone el mayor ataque que ha sufrido nunca el municipalismo español.
