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Sábado 21/05/2022  

La tribuna de Viva Sevilla

Recordando el desastre de Aznalcóllar

El balance ambiental y social podría considerarse satisfactorio, pero queda pendiente un largo litigio jurídico-administrativo que haga realidad el principio de quien contamina paga. Boliden, dueña de la mina, ha eludido su responsabilidad al no asumir los casi 385 millones de euros gastados.

La memoria es tenue puesto que 15 años la desdibujan, pero esforzándonos recordamos el sobresalto, devenido en desastre para el entorno de Doñana, de la noticia de la rotura de la balsa de lodos de la mina de Boliden en Aznalcóllar la madrugada del 25 de abril de 1998: se abrió una grieta de 50 m. de ancho que dejó escapar 2 millones de m3 de lodos y 4 millones de m3 de aguas contaminadas con metales pesados de alta toxicidad que se esparcieron por el valle del Guadiamar en una longitud de 62 km y una anchura media de unos 750 m. Se pudo contener la avalancha a las puertas del Parque Nacional de Doñana.

Pero el daño ambiental, económico y social fue inmenso: se contaminaron 4635 ha del cauce y ecosistemas de ribera del Guadiamar y fértiles tierras de frutales, cultivos de regadío y pastizales. La retirada de lodos contaminados supuso un tremendo esfuerzo de las Administraciones de la Junta de Andalucía y Central, que retiraron 7 millones de m3 de lodos y tierras contaminadas, los cuales se depositaron, recorriendo el camino inverso, en la corta de la mina de Aznalcóllar; estos trabajos se hicieron en un tiempo récord de 7 meses, interviniendo hasta 1000 personas, 500 camiones bañera y 150 máquinas de excavación y carga de tierras, con un coste 112 millones de euros.

Intervenir en el territorio después de un desastre como el de la mina de Aznalcóllar requería el conocimiento de multitud de áreas y de expertos a nivel mundial, lo que obligó a múltiples investigaciones a lo largo de varios años, y que algunas aún continúan, invirtiéndose más de 6 millones de euros.

Las superficies afectadas se adquirieron por la Junta de Andalucía (66 millones de euros de coste), al no poderse dedicar al cultivo por la contaminación residual, lo que obligó a iniciar un proceso de remediación de los suelos, con tratamientos químicos y revegetación con especies que absorbieran los metales pesados; posteriormente se reforestó con especies autóctonas buena parte de la superficie afectada. Los costes de esta recuperación de suelos y ecosistemas fueron de 34 millones de euros.

El impacto social tuvo grandes repercusiones en toda la comarca: se cerró la mina perdiéndose 425 puestos de trabajo directos y 1800 indirectos. Las indemnizaciones a los trabajadores costaron a la Junta de Andalucía 39 millones de euros. Se perdieron además unos 175 puestos de trabajo en las tareas agrícolas y ganaderas.

Pero de la necesidad hubo de  hacer virtud y se pusieron en marcha dos grandes proyectos ambientales para recuperar el funcionamiento de los ecosistemas del entorno de Doñana y aumentar su resiliencia frente a factores externos: Doñana 2005 permitió la recuperación de los antiguos cauces que aportaban aguas a las marismas, con una inversión de 127 millones de euros, y el Corredor Verde del Guadiamar consiguió permeabilizar y conectar los ecosistemas de las marismas de Doñana con la cuenca alta del Guadiamar a través de su llanura de inundación, recuperada con sus ecosistemas de ribera.

La pérdida de actividad minera se ha intentado compensar apoyando la creación de un Parque de Actividades Medioambientales en Aznalcóllar en el que se han ubicado empresas con actividades como el reciclado a las energías renovables que han vuelto a revitalizar socioeconómicamente la comarca.

Hoy el entorno de Doñana se ha recuperado bien del vertido de lodos, aunque se mantiene en algunos puntos una contaminación residual, y ha mejorado el funcionamiento hidrológico de las marismas de Doñana y la conectividad con la cuenca del Guadiamar.

El balance ambiental y social podría considerarse satisfactorio, pero queda pendiente un largo litigio jurídico-administrativo que haga realidad el principio de quien contamina paga. La empresa Boliden, propietaria de la mina de Aznalcóllar, ha conseguido hasta la fecha eludir su responsabilidad al no asumir los casi 385 millones de euros gastados por las Administraciones Públicas para remediar los daños ocasionados por el vertido. En estos días se reabre un proceso por la vía civil, después de un peregrinaje judicial de 15 años, que el año pasado el Tribunal Supremo devolvió al inicio del mismo.

No olvidemos esta tragedia ambiental y exijamos a las empresas mineras que inician nuevos proyectos a cielo abierto en Andalucía mayores medidas de seguridad ambiental, y a las Administraciones, mayor control sobre las mismas.

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