El domingo 7 de abril, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció que el Gobierno autorizará a los ayuntamientos incluidos en el plan de pago a proveedores que hayan tenido superávit que puedan invertir en nuevos servicios para sus municipios.
Los ayuntamientos incluidos en ese plan son todos aquellos que tenían facturas sin pagar, en su gran mayoría metidas en cajones y por lo tanto opacas a los presupuestos municipales, que seguramente liquidaban año tras año con superávit cuando en realidad estaban en números rojos. Con ese mecanismo el Gobierno liquidó esas deudas a través de préstamos del ICO que los ayuntamientos deben devolver en 10 años y que se suman a la carga financiera que tenían anteriormente, con lo que, en muchos casos, superan el límite máximo legal de endeudamiento permitido.
Y las cosas no han ido a mejor ya que los ayuntamientos siguen sufriendo recortes en sus ingresos y deben financiarse a través del pernicioso sistema de subvenciones, que además de no responder a sus verdaderas necesidades sino a las de la administración que subvenciona, están obligados a adelantar el importe de las mismas que después tardan en cobrar 3, 4 y hasta 5 meses. También hacen frente a gastos que no son suyos (no competencias impropias como les llaman la FEMP y el Gobierno y que no son más que gastos de calefacción, limpieza y en algunos casos vigilancia de centros escolares y de salud) y que deberían ser asumidos por las comunidades autónomas, que son las titulares de los servicios, así como tienen que cofinanciar los servicios sociales más cercanos, los de base, y sobre todo la ayuda a domicilio, que sin estas aportaciones municipales no se prestarían.
Y todo esto supone la descapitalización de los ayuntamientos y con ello que no puedan estar al corriente del pago con sus proveedores, con lo que los cajones vuelven a tener facturas guardadas. Y seguirá pasando mientras no se apruebe una ley de financiación local que está pendiente desde la restauración de los ayuntamientos democráticos sin que ningún Gobierno se haya puesto manos a la obra, ya que parecen preferir que los ayuntamientos sigan siendo pequeños satélites colgando de las comunidades autónomas y sirviendo de comodín de éstas en lo que les interese.
Ahora se vuelve a hablar de superávit en ayuntamientos con plan de ajuste sin pararse a pensar si no se estará tropezando otra vez en la misma piedra, es decir, si no volverán las facturas opacas y por lo tanto en realidad los números son más rojos que negros. Pero lo grave es que el anuncio del señor Beteta supone obviar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que exige que, si efectivamente existe, ese superávit lo primero que debe ir es a reducir deuda financiera, y además habla de inversiones en nuevos servicios sin fijar criterio económico alguno, cuando su proyecto de reforma de la administración local va en sentido contrario, establecerá unos estándares económicos para cada servicio municipal que si no se cumplen hará que sean absorbidos por las diputaciones provinciales; es decir, ahora anima a hacer algo que pretende prohibir en unos meses.
Desde todos los sectores de la sociedad, no sólo políticos en los que a lo mejor priman otros intereses, sino también académicos, profesionales, municipalistas en general, se le está pidiendo infructuosamente al Gobierno que retire ese proyecto de reforma por ser altamente distorsionador del mundo local, el cual está concebido al amparo de una rigurosa aplicación no sólo de la Ley sino del espíritu de la estabilidad económica y presupuestaria, y ahora lo que se hace es un anuncio de que se permitirá que no se cumpla esa Ley en cuanto a la reducción de la carga financiera e incluso que se aumenten sin más los servicios.
