El texto que la DGT ha desarrollado como nuevo Código General de Circulación desincentivará el uso de la bicicleta tras las medidas anunciadas que afectan especialmente a su uso e+n las ciudades. Recoge, entre otras medidas, el uso obligatorio del casco para los desplazamientos en bici también en zonas urbanas a lo que la mayoría de colectivos que promueven el uso de la bici como medio de transporte cotidiano, la Red de ciudades por la bici, la Asociación de ciclistas profesionales, varios Ayuntamientos y numerosas personas usuarias de la bici, han mostrado su total disconformidad y rechazo.
La imposición de esta medida para garantizar la seguridad de los usuarios de la bici y disminuir los índices de accidentalidad o la gravedad de los mismos viene argumentada por falta de datos objetivos y empíricos que demuestren su necesidad, de hecho, los existentes lo desaconsejan si se pretende fomentar su uso; por una obsesión en comparar a la bici con los vehículos a motor que desarrollan una potencia mayor y que si son generadores de peligro para las personas que los utilizan como para el resto de ocupantes de la vía; por un asesoramiento para tomar esta decisión de compañías cercanas al lobby del automóvil y por una falta de consenso y participación de los colectivos afectados por la normativa. Motivos por los que declaramos no al uso obligatorio del casco.
Ante esta declaración, algunos nos pueden tachar de inconformistas incluso de irresponsables ante una medida que supuestamente redunda en nuestra seguridad, pero nada más lejos de la realidad. No cabe duda de que el uso del casco ayuda en la disminución de la gravedad de las lesiones craneales y que es un elemento de seguridad pasiva eficiente en caso de caída dentro de unos márgenes de velocidad y eficacia del propio casco, sin embargo, la inseguridad que vivimos las personas que optamos por ir en bici para desplazarnos no redunda en la probabilidad de una caída mientras se va al trabajo o a estudiar sino en el riesgo de atropello por parte de un vehículo a motor. Por tanto, defender la obligación de usar casco para dar garantías de seguridad en el uso de la bici es un acto demagógico que limita la responsabilidad de la seguridad a quien use la bici siendo ésta una irresponsabilidad por parte de cualquier administración dejándonos solos ante el peligro, pero con casco. Igualmente, la obligatoriedad del casco no evita otro tipo de lesiones y mucho menos el accidente que entendemos que realmente es donde hay que plantear esfuerzos y evitar que ocurran. Para ello, es necesario tomar medidas genéricas sobre la circulación “pacificando el tráfico”, reduciendo la velocidad de circulación a 30Km/h en zonas de alto tránsito ciclista y peatonal, creando infraestructuras que sí den seguridad en nuestros desplazamientos como carriles bici, calles con “fondo de saco”, refugios en los semáforos, etc. Afortunadamente existen numerosas soluciones urbanísticas y reguladoras que ya están implantadas en otros países y bastaría con adaptarlas a nuestras ciudades.
En 2011 hubo en España 49 fallecidos en bici: 12 en vías urbanas y 37 en vías interurbanas donde ya es obligatorio el casco. En el caso de Sevilla, desde la eclosión de desplazamientos en bici han habido dos personas fallecidas mientras circulaban en bici y en ambos casos un vehículo a motor las arrolló. Ante estos datos y el resto publicados por la propia DGT hacen parecer esta medida desproporcionada hasta el punto, en el caso de ser justificada, que sería más eficiente para salvar vidas la obligatoriedad del casco en coches por el elevado número de fallecidos y heridos graves por traumatismo craneoencefálicos producidos dentro de él.
España no es el primer país que se plantea la obligatoriedad del casco y esta cuestión ya se ha debatido con anterioridad en Europa y en ninguno de los países miembros se ha optado por esta medida incluso en aquellos que nos triplican en desplazamientos en bici y en bicicletas por habitante. Aún así, la experiencia de otros países que ya han obligado a llevar casco en las ciudades (Nueza Zelanda y Australia) ha sido nefasta y ha propiciado un descenso del uso de la bici una vez se implantó esta medida a costa de inversiones en infraestructuras y servicios que han supuesto un gasto para las administraciones y que no han surtido efecto alguno. Obligar a llevar casco lleva implícito un mensaje de peligro para quien decide ir en bici y permite a la vez una relajación de quienes van en un vehículo a motor pues llevan casco y si no, sería su responsabilidad.
Pero resulta aún más paradójico que en los países donde el casco no es obligatorio, incluidas las vías interurbanas, los índices de mortandad ciclista estén por debajo de España donde sí lo es.
Esta medida, además de ser injusta por no solucionar el origen y las causas de accidentes donde están implicadas las bicis, es también irreal y poco práctica afectando de lleno a los sistemas de bicis públicas y empresas relacionadas con el cicloturismo, que en el caso de Sevilla han sido generadores de empleo en los últimos años.
Para disfrutar de ciudades en las que ir en bici sea seguro, la mejor medida para ello es fomentar que existan más bicis que colaborarán directamente a disfrutar de mejores ciudades por los beneficios que éstas generan sobre las personas que las usan (salud, eficiencia…) como para el resto (emisiones de CO2, descongestión del tráfico…) puesto que ir en bicicleta es un acto seguro y desde las administraciones debe incentivarse porque la bici salva vidas.
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