De todos es sabido el deterioro que sufren las instalaciones judiciales; baste el sonrojante ejemplo de la existencia de un organismo instalado en unas caracolas. Es la Junta de Andalucía el organismo responsable de dotar de medios materiales y humanos a la Justicia o, por mejor decir, a la Administración de Justicia, desde aquel desgraciado día en que se le transfirieron las competencias en virtud del Real Decreto de 24 de abril de 1981, lo que nunca debió ocurrir.
Debo decir que la atención que la Junta de Andalucía ha prestado a las obligaciones que voluntariamente asumió en aquel tiempo ha sido muy escasa, rozando la nulidad y, en honor a la verdad, pues he conocido a todos, salvo la primera y la última consejera, los demás apenas se han enterado de los problemas que asolan a los jueces y, con ellos, a los fiscales, secretarios, forenses y personal colaborador, profesionales y justiciables. Los edificios judiciales, en general, constituyen por sí un espectáculo deplorable y humillante, a diferencia de la suntuosidad de la mayoría de los que disfrutan los altos responsables políticos. Parece una maldita expresión de la ley de vida: los pobres y los ricos y la indiferencia de estos respecto a los primeros, que solo migajas pueden anhelar.
Andalucía cuenta con unos mil jueces, es acaso la comunidad más extensa, 87.268 kilómetros cuadrados, sólo superada por Castilla y León pues, con Ceuta y Melilla, que dependen del gobierno de la Nación, comprende las ocho provincias que la integran, con un total de cerca de nueve millones de habitantes. Esa precariedad de medios a que aludo, esta reprochable dejadez y desprecio se traduce lógicamente en un deficitario servicio público en detrimento de los derechos de la ciudadanía a un servicio público de primer orden
Recientemente hemos asistido a un inesperado vuelco electoral, de suerte que el sr. vicepresidente de la Junta es, a su vez, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por ese orden. El sólo enunciado de este conglomerado de funciones da idea del entusiasmo con que el ente autonómico acomete la mejora de la Justicia, siendo así que se encaja entre el Turismo, tan capital para la economía andaluza, Regeneración, que aun no sé a qué se refiere y la importante Administración Local. Dejando a un lado la incógnita de la Regeneración, da para tres Consejerías todas importantes.
Todo esto me hace pensar que la denostada Justicia, la hermana pobre, tiene pocas posibilidades de mejorar con el nuevo gobierno andaluz y me recuerda la anécdota de aquel médico pacense que no sabia cómo consolar a la familia de una pobre anciana enferma y concluyó un día diciendo: “... pues a peor va la mejoría”.
Algo así como lo que ocurre con la vieja promesa de la tan prometida Ciudad de la Justicia sevillana. Desde el primer momento tuve el convencimiento de su imposibilidad se incrementa a medida que el erario público decrece por la atención a otros compromisos de discutible prioridad. No soy, por tanto, pesimista cuando pienso que muchos de ustedes, por no decir todos, queridos lectores, jamás pondrán un pie en sus espléndidas dependencias.
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