El pasado lunes un gran número de magistrados, jueces y fiscales protagonizaron un día de huelga. La profusión de actos de protesta social no puede ensombrecer la importancia de que la mitad de los jueces y fiscales españoles se decidan a declararse en esta dejación de sus funciones. Sin duda, ello responde a una larga reflexión, pues son conscientes del perjuicio que ello causa a miles de ciudadanos que, tras largas esperas, ven como ahora deben comenzar a hacer uso de su paciencia, a esperar nuevos señalamientos, amén del perjuicio del normal desenvolvimiento de la oficina judicial.
Es una situación insólita, indeseable que, estoy seguro, son sus propios protagonistas quienes más la lamentan. Los poderes públicos han tirado tanto del cable que sostiene la prestación de un servicio público de primera magnitud, que las amarras han saltado por los aires, tras despreciar los cientos de súplicas de los protagonistas en demanda de mejoras de todo cuanto a su función concierne.
Muchos son los factores que los políticos conocen y desprecian y que han convertido la Justicia en la gran olvidada, la ignorada en sus previsiones presupuestarias. La cuestión no es nueva y quienes hemos accedido a tan excelsa función no desconocíamos que entrábamos en el ejercicio de la profesión más apasionante de todas las posibles, aceptando un salario escaso y otras privaciones en medios materiales. No podíamos imaginar que el primero seguiría esa tónica ni que las segundas se irían incrementando de manera tan humillante como dañinas para la sociedad que encuentra en la Justicia la última razón de su tribulación.
La cuestión se ha complicado últimamente, entre otras razones, por la dispersión en la gestión de los medios personales. Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, aunque reciben el pago del Ministerio de Justicia; los fiscales y secretarios judiciales (hoy llamados Letrados de la Administración de Justicia) igualmente del Ministerio y los funcionarios, en nuestra comunidad, de la Junta de Andalucía. Ello significa que la simple creación de un órgano judicial requiere que el Ministerio y la Junta accedan a dotar presupuestariamente el mismo, tanto en medios materiales como personales, lo que muy difícilmente se produce y el déficit de órganos judiciales es cada vez mayor.
Las condiciones laborales en que todos se mueven harían huir a la Inspección de Trabajo si pudiera enviar sus funcionarios por allí. Magistrados hacinados de cuatro en cuatro en un despacho individual, fiscales en similares condiciones y funcionarios en manada en una sala algo menos angosta.
Inútilmente la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia reclama un año y otro al órgano autonómico la mejora de estas situaciones. De cuando en vez, aparecen unos señores que, ad exemplum, cambian las vetustas ventanas por otras tan modernas como poco funcionales, o dignifican algunos servicios, como ha ocurrido coincidiendo con el inicio del juicio de los ERE en la planta baja que los insignes acusados puedan frecuentar, mas no en las otras. Los ordenadores son insuficientes, llegan ya en estado de obsolescencia y es todavía impensable que los propios órganos del Tribunal puedan intercambiar información con la mínima agilidad imprescindible.
Nada ha mejorado y los sueldos de los jueces y fiscales siguen aumentando tímida y de manera renuente, lejos de la velocidad deseada de un “Falcon 900 D”, que surca el escaso espacio entre Madrid y Valladolid de manera supersónica, por razones de seguridad, no faltaba más.
Me siento profundamente unido a la huelga y expreso desde aquí mi admiración y gratitud a los ejemplares jueces españoles.
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