Siempre he creído que en los centros de enseñanzas y universidades debía incluirse el estudio tanto del texto constitucional, al menos en los títulos más significados, como otros instrumentos normativos que resultan cada vez más imprescindibles para el deambular del ciudadano por los encrespados vericuetos de su vida. Hoy todo se regula, pretendiéndose normar hasta la libertad del individuo. Hoy todo se judicializa, todo se somete a crítica. La sociedad, cada uno de nosotros que la integramos, nos hemos contagiado del cainismo de los políticos; somos en nuestra arrogancia incapaces de valorar serenamente una situación, un comentario, una actitud, que calificamos sin posibilidad de discrepancia según se acomoden o no a nuestro pensamiento y a nuestros valores, si es que los tenemos.
El individuo camina así a merced de leyes que desconoce. Las redes sociales nos han hecho creer que somos más importantes de lo que somos, dioses de nuestros destinos y, poco a poco, se han hecho dueñas de nuestra propia vida. El pensamiento propio se nos da de antemano diseñado Dios sabe por quién. Y esas plataformas que idolatramos nos trazan la ruta de nuestra existencia sin que nos demos cuenta. La globalización se manifiesta en que todos acabamos creyendo lo mismo, amando lo mismo y aceptando escalas de valores que ni siquiera nos hemos llegado a plantear.
Todo se vuelve entonces relativo. El desarrollo de la vida parlamentaria nos llega a convencer de que la propia ley que se crea puede orillarse, evitarse, burlarse en el logro de un fin perverso por el medio que sea. Y nos acomodamos, nos resulta placentera la constatación de la facilidad para eludir una norma o utilizarla en nuestro favor arteramente.
De todos los preceptos de la Constitución, de la que me declaro ferviente defensor, ninguno como el que contiene el artículo 10.1 y que repito con machacona insistencia: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Esta bella proclamación nos compromete a todos en su mandamiento y, de ellos, destaco el respeto a la ley, la voluntad del pueblo expresada por sus representantes que, dicho sea respetuosamente, no todos tienen un conocimiento claro de lo que aprueban. Nuestra imperfecta democracia hace que los parlamentarios votan según la señal que el jefe de filas les haga desde su escaño, no pocos sobresaltados por la interrupción de su placentero “nirvana”.
Sin embargo, la sociedad iría a la deriva si no se sintiera compelida, y confiada a la vez, por el sometimiento a la Ley. La propia Constitución, en su artículo 8 nos fija un marco de garantías convivenciales, mandatos para alcanzar esa paz social que luego proclama.La observancia de la ley es el instrumento de la paz, nos dota de certidumbre y seguridad en nuestras relaciones de todo orden y nos garantiza una vida en paz y libertad. Recordemos cómo Don Quijote decía a Sancho en sus recomendaciones sobre la Ínsula de Barataria: “... por la libertad e, incluso, por la honra se puede y se debe aventurar la vida”.
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