A pesar de ser licenciado en derecho y abogado en ejercicio, mi trabajo consiste básicamente en prestar asesoramiento, dirigido fundamentalmente a empresas, en materia fiscal; es decir, soy lo que se denomina “asesor fiscal”, o más bien “abogado fiscalista”. Y como abogado fiscalista estoy muy preocupado en los tiempos que corren porque mi trabajo habitual se está convirtiendo en una profesión de riesgo. Y ya lo decía públicamente hace escasos días el mismo Decano del Colegio de Abogados de Madrid, cuando afirmaba que a día de hoy, se abogado fiscalista es una profesión de riesgo. Fundamentaba su afirmación en la preocupación que existe en el gremio por las constantes imputaciones automáticas de muchos abogados -compañeros míos- en sumarios por delitos contra la Hacienda Pública.
Al tiempo de hacer estas reflexiones en esta Tribuna no puedo dejar de recordar, por lo cerca que lo tengo, la experiencia que hace unos años sufrió un compañero de trabajo, a quien por simplemente disponer de un poder a su favor que le había otorgado una empresa para que realizara una gestión concreta fue “automáticamente detenido” y conducido a los calabozos de la Guardia Civil, donde permaneció las 72 horas previstas antes de pasar a disposición judicial. El único encargo que recibió de esa empresa fue obtener la autorización administrativa que le era exigible para iniciar el ejercicio de una actividad de distribución.
Pues recuerdo que me causó gran impresión cuando, una vez prestada la declaración ante el juez y el fiscal, me contó lo que sintió en el momento en que le pusieron en libertad con cargos. Después de estar incomunicado esos tres días, lo pusieron en presencia del juez y el fiscal quienes, después de hacerles muchas preguntas y contestar mi compañero que no sabía de qué le estaban hablando, dice él que se miraron y decidieron ponerlo en libertad. Fue en ese momento (dice él), en el que el juez mira al fiscal y deciden sobre su puesta en libertad, cuando entendió el enorme poder que tienen esas instituciones, que en ese mismo momento, con una decisión distinta a la que tomaron, podría haber cambiado radicalmente su vida.
Pero lo cierto es que, después de varios años trascurridos desde entonces, sigue ahí, imputado, o investigado como se dice ahora, en un procedimiento penal con tramas internacionales por blanqueo de capitales y delito fiscal, cuando lo que únicamente hizo fue recibir el encargo para obtener la autorización para funcionar. Particularmente, entiendo que existe una severidad excesiva que puede manchar injustamente la reputación de algunos profesionales, ya que para que una persona pueda resultar imputada es imprescindible la existencia de un mínimo indicio de voluntad de defraudar para que pueda apreciarse la existencia de delito.
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