Hace algunas semanas tuve la ocasión de escribir en esta Tribuna sobre la denominada “Declaración de Granada”, documento que se elaboró por nada más y nada menos que treinta y cinco catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de diferentes Universidades españolas en el que critican el funcionamiento de la Agencia Tributaria española. En dicho artículo comenté que la Agencia Tributaria se ha llegado a convertir en una “máquina” casi automática cuya única finalidad es recaudar a toda costa y en claro detrimento de los derechos y garantías de los contribuyentes.
En este artículo quiero referirme brevemente a otra cuestión que pasa desapercibida para la mayoría de los ciudadanos, pero que en realidad está ahí, en la práctica diaria, y es la “comodidad” con la que la Agencia Tributaria desarrolla su actividad. Comodidad que le es proporcionada por el sistema tributario elegido, en el que se utiliza un conjunto de instrumentos fiscales que no hacen otra cosa que descargarla del trabajo que debería hacer para trasladarlo al sufrido contribuyente.
Decía James Mirrlees, premio Nobel de Economía de 1996, que entre dos sistemas impositivos que generan un mismo resultado, hay que escoger el que tenga menos costes operativos. Y parece que nuestros políticos han aplicado esta regla con todo el rigor posible porque los costes de cumplir la ley recaen prácticamente en el contribuyente, ya que la Administración liquida directamente pocos tributos.
Este ingenioso sistema descansa en tres instrumentos fiscales fundamentales: En primer lugar, “la retención”, que obliga al pagador de una renta a retener parte de ella e ingresarla directamente en el Tesoro (ejemplo: el IRPF, donde el empresario retiene e ingresa en Hacienda parte del impuesto que tendría que pagar el trabajador). Esto se traduce en más trabajo para el empresario y menos para la Administración.
En segundo lugar, la “repercusión”, que obliga al empresario (IVA, por ejemplo) a repercutir el impuesto e ingresarlo en Hacienda, aunque ese impuesto lo pague el consumidor final. Esto significa menos trabajo para la Administración y más para el empresario. Y ello contando con que no haya tensiones de tesorería, porque ha de ingresarse el impuesto aunque el que lo ingresa no lo haya cobrado de su cliente.
Y en tercer lugar, la “autoliquidación”. Casi todos los impuestos que existen en nuestro país están basados en este sistema, en el que es el propio contribuyente el que tiene que liquidar el impuesto, esto es, decidir qué tributa y qué no, determinar la cantidad que tributa, aplicar el tipo que corresponda, ver si procede aplicar deducciones o bonificaciones, y en general, liquidar el impuesto, con todo lo que ello significa en el sentido de equivocaciones, asesoramiento, comprobaciones, etc. En definitiva, tiempo y dinero.
Conclusión: Perdemos productividad por culpa del sistema tributario español, que está más dirigido a que se le haga el trabajo a la Administración -que solo lo revisa-, que a ayudar a las personas y a las empresas a cumplir con sus obligaciones.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
