Reconozco que no deja de ser un tema recurrente hablar de las consecuencias y perplejidades que ha generado la sentencia dictada por la Audiencia de Pamplona en el denominado “caso de la manada”, en el que cinco sujetos han resultado condenados -y aquí está el germen de la polémica- como autores de un delito de abuso sexual, cuando toda la sociedad española, o casi toda, estaba esperando que, ante la brutalidad de los hechos y la sensibilización social que todo ello había provocado, fueran condenados por agresión sexual o violación, recibiendo así el máximo de las penas posibles previstas en nuestro código penal para quien comete un delito sexual.
Desde luego, no soy yo -un humilde abogado que carece de profundos conocimientos de Derecho Penal- quien esté autorizado para valorar con rigor jurídico esta sentencia y los fundamentos legales que la soportan, y también criticar o no a los jueces autores de la misma. Pero sí me considero legitimado para hacer algunas puntualizaciones sobre todo este tema que, sinceramente, me preocupa, y bastante. Y es que en el seno de este debate social que se ha creado desde el pasado jueves, no se para en la calle de criticar y demonizar la actitud de los jueces que la dictaron. Este debate, que ha trascendido ya a los medios de comunicación para instalarse también en las reuniones familiares o en las comidas y sobremesas con los amigos, se centra fundamentalmente en la crítica a los jueces que la dictaron, diciendo de ellos -por decirlo de manera suave- que están por completo alejados de la realidad social y que con esta sentencia no ayudan precisamente a las mujeres frente a sus agresores. Y tanto es así, que la sociedad está clamando la sustitución de estos mismos jueces.
Sin embargo, y esta es mi opinión personal, el problema no está ahí. Por supuesto -que nadie dude- que me incluyo entre todos los que piensan que la actitud de estos cinco “tipos” es absolutamente deleznable, pero también he de decir que no debemos atribuir el origen del problema solo a los magistrados que dictaron la sentencia, porque, insisto, sin perjuicio de otras consideraciones ciertamente subjetivas, los Jueces y Tribunales están sometidos al imperio de la Ley y han de juzgar con arreglo a ella. Esto constituye uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho. Y ellos no tienen la “culpa” de aplicar la Ley tal y como está redactada. El Tribunal da por completo la razón a los hechos tal y como fueron versionados por la víctima, lo que ocurre es que, al no estimar que existiera intimidación y violencia en el sentido jurídico de los mismos términos, el delito cometido no fue violación, sino abusos sexuales. Y buena prueba de ello es que el Gobierno ya ha encargado al órgano correspondiente el estudio y redacción de una modificación en el código penal que corrija todos estos defectos, adaptándola a la realidad social actual y se impida así lo que ha ocurrido en este caso. n
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