Es público y notorio incremento de los alquileres que está dándose en nuestro país es una realidad incuestionable. Hasta el punto de considerarse anormales, pues 2017 ha cerrado con la mayor subida en 11 años, revalorizándose en un 8,9 euros de media, llegando a tocar techo en algunas ciudades. Y las presiones son que siga en clara subida al menos en el 2018.
Parece que no aprendemos, y que nuestro deporte nacional, cada vez está más claro, se trata en apuntarnos masivamente a la búsqueda del dinero fácil por medio de un negocio sencillo, aun siendo conscientes de las lógicas consecuencias que puede suponer el abuso sistemático sobre la cuestión concreta. Después de la explosión de la burbuja inmobiliaria era esperado que este motor de la economía patria se calmara y fuera más prudente y conservador, siendo el arrendamiento la salida natural de las viviendas desocupadas, y que el mismo subiera en comparación de años anteriores, pero no tanto. Son muchos los indicadores que desde este momento nos alertan que nos estamos pasando, y ya sabemos que consecuencias tuvo la última vez que no hicimos caso a esas advertencias.
Es claro que gran culpa de ello la tienen el boom de los alquileres turísticos, en el que descaradamente hemos encontrado todos un filón, tanto como usuarios como empresarios. Este tipo de arrendamiento de aquellos que buscan pequeñas estancias sin muchas complicaciones, más baratas que un hotel, y que gracias a determinadas plataformas como Airbnb o Booking facilitan mucho la labor y por las que se crea una confianza que por desgracia después no responde de las incidencias que acontecen en cada micro arrendamiento, está encareciendo excesivamente lo que se esperaba como una subida lógica de los arrendamientos urbanos. Las administraciones, llevan tiempo con sus ojos puestos en estos abusos, precisamente por la notoriedad de los mismos, y ya abiertamente amenazan con duras regulaciones normativas para controlar la situación y a la vez sacar tajada del lucrativo negocio desde el punto de vista recaudatorio.
La cuestión es que para el caso de Andalucía es de obligado cumplimiento Decreto 28/2016, de 2 de febrero de Viviendas de finalidad turística, que obliga a su inscripción desde mayo de 2016 en el registro de Turismo. Se consideran viviendas con fines turísticos aquellas ubicadas en suelo de uso residencial, donde se ofrecen, mediante precio, el servicio de alojamiento de forma habitual o de fin turístico, ya sean viviendas completas o por habitaciones, siempre que no sean por tiempo superior a dos meses. En el mismo se obliga a disponer de licencia de ocupación, y cumplir con las condiciones técnicas y de calidad exigibles, así como determinadas características de limpieza y habitabilidad.
Por desgracia el incumplimiento de la legislación vigente es tan habitual que la propia Airbnb ya plantea la obligación de la inscripción en dicho registro para poder ofertar las viviendas en su plataforma.
La cuestión es que podemos encontrarnos con una nueva burbuja que pueda conllevar consecuencias negativas no solo para los usuarios habituales de viviendas sino para aquellos que están invirtiendo en este nuevo negocio, pues por desgracia los abusan se pagan, y caros…
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