En el día de ayer dio comienzo una nueva huelga, en este caso la de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), la cual no tiene fecha de finalización, con la incertidumbre que ello genera. Lo cierto es que ya existían indicios que denotaban la manifestación iniciada, como eran los paros que realizaron los días 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre del pasado año.
En España existen más de 4.000 trabajadores pertenecientes a este cuerpo de funcionarios, suponiendo esta manifestación un retraso añadido a todas las actuaciones judiciales, debido a que sin ellos no sólo será imposible la celebración de juicios o declaraciones, sino que se bloquearán todas las cuentas existentes en los juzgados, pausándose así los pagos tanto a particulares como al Tesoro Público.
Así pues, el impacto de la huelga puede ser de gran repercusión ya que entraña la parálisis de todas las funciones que ostentan, poniendo en alerta a la actividad ordinaria de juzgados y tribunales de todo el país.
Es inevitable no posicionarse o ponerse en el lugar de los que antiguamente eran conocidos como secretarios judiciales, que se quejan de una falta de incremento salarial, exigiendo directamente al Gobierno que cumplan con la promesa que hicieron de aumentarles los sueldos más de un 5% tras atribuirles nuevas competencias y responsabilidades.
Todo ello provocará un evidente prejuicio sobre todos los ciudadanos y empresas que tuvieran algún señalamiento durante la reivindicación, debiendo señalarse una nueva fecha y un retraso en las actuaciones en las que se encontrasen incursos. Si vamos un poco más allá, esta situación provocará, de igual modo, la inactividad o el normal transcurso durante estos días del desempeño de las profesiones que estuvieran ligadas a la justicia, entre las que se encuentran, entre otras, la de la abogacía, siendo ello de mayor sensibilidad ya que si le sumamos el periodo de inhabilidad procesal que este año tuvo lugar en Navidad entre los días 24 de diciembre de 2022 y 8 de enero de 2023, se acrecienta la situación, reduciéndose todavía más los días de normal facturación.
Por consiguiente, se reitera la situación donde por la responsabilidad de un alto cargo, en este caso la que atañe al Ministerio de Justicia, se daña al servicio público, viéndonos damnificados otra vez los mismos.
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