Números y datos confrontan a golpe de ladrillo. Cuando las voces autorizadas, las oficialistas, hablan de la recuperación económica y el adiós de la crisis, la vivienda toma otra vez su protagonismo a nivel estatal y municipal en una semana difícil de justificar en aspectos básicos como la propiedad privada. La anunciada recuperación tiene en el mundo inmobiliario otra vez su ración.
La propiedad privada, la que se consigue a base de hipotecas, no sin polémica, y las que se adueñan a la fuerza por la ocupación; por necesidad y por el negocio ante el drama de un hogar digno.
Paralizar un desahucio in extremis no soluciona un problema que se versiona para alargar la responsabilidad de una Administración que debe salvaguardar el derecho a la propiedad privada, la necesidad urgente de responder ante un drama social y a atajar la especulación de desaprensivos ocasionales.
Que el Ayuntamiento reconozca abiertamente la compra-venta de pisos ocupados genera desconfianza por la inacción del que espera medidas justas para salvaguardar ayudas de los que sí necesitan la atención.
La vivienda, con crisis o sin ella, no deja de ser un problema para una parte de la población que salpica de lleno un estado de bienestar en entredicho por políticas que en la mayoría de las veces fomenta el bucle perfecto de hacer una sociedad subvencionada y dependiente.
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