El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado recientemente la tramitación del Anteproyecto de la Ley Andaluza del Flamenco, una herramienta que tiene como principales objetivos su conservación y protección, incorporando además su enseñanza a todas las etapas educativas.
Existe un consenso general sobre la conveniencia de legislar una materia clave en el desarrollo cultural y social de la Comunidad autónoma, pero un primer repaso al texto genera dudas en actores esenciales del mundo del flamenco, como las propias peñas e incluso los productores.
La Federación Provincial de Peñas Flamencas, que preside Nicolás Sosa, ya ha expresado “gran preocupación” por el contenido del anteproyecto de ley en lo que a este colectivo se refiere, sobre el que pasa casi de puntillas, ya que apenas recoge “cuestiones elementales” como su definición o la posibilidad de que se asocien en otras entidades, algo que ya contemplan sus propios estatutos.
El problema está en que “se vincula de forma específica” los recitales con público que se ofrecen en las peñas a la Ley de Espectáculos Públicos de Andalucía, cuyo cumplimiento “puede poner en riesgo la continuidad de muchísimas” de estas asociaciones.
Juan Alfonso Romero es productor y gestor cultural, pero también preside el Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón. Además, es vicepresidente de la Federación local de Peñas Flamencas de Jerez. Precisamente por eso entiende que no deben confundirse ambas cuestiones.
“Hay que tener claro, y no lo veo del todo claro en este anteproyecto, qué es el tejido asociativo y qué es el tejido mercantil. En ningún momento podemos confundir ambas cuestiones, porque entonces podemos tenemos problemas como los que ya se están produciendo en Sevilla, donde hay juicios por temas de derechos de autor y cuestiones similares. Una peña es una peña, y un tablao es un tablao”, advierte.
La Federación Provincial de Peñas sostiene que estas asociaciones son “esenciales e imprescindibles para la conservación y divulgación del arte flamenco”, como prueba el hecho de que la propia Unesco reconoce su importancia para la declaración de este arte como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Por este motivo, las peñas entiende que este marco jurídico debe “reconocer” esa “singularidad”, dotándoles “de un estatus especial por el que se implanten medidas” que contribuyan a superar sus “dificultades”.
De no ser así y mantenerse el anteproyecto tal y cual ha sido redactado podríamos asistir al “fin de muchas peñas flamencas”.
La clave es meramente económica porque “si no se tiene claro” que “una peña no es un tablao” las primeras tendrían que “pagar autores, declarar impuestos, dotarse de rampas para minusválidos, de baños adaptados...”.
“Una peña es un local privado, una cosa para socios, pero tampoco pueden hacer competencia desleal a la gente que paga sus impuestos”, subraya Juan Alfonso Romero.
La escuela y otras carencias
Más allá de ese conflicto que pueda suscitarse entre las entidades sociales y mercantiles, el presidente de la Cátedra de Flamencología, Fran Pereira, entiende que esta ley debe servir al menos para garantizar que la presencia del flamenco en las aulas no dependa de que el profesor de turno sea más o menos aficionado.
“El flamenco es parte de nuestra cultura y tiene que estar en las aulas, porque nuestros niños deben saber quién es Manuel Torre o Antonio Chacón igual que saben quién es Mozart o Beethoven. Deben tener al menos unos conceptos básicos, para a partir de ahí tratar de ganar más terreno”, explica.
En este sentido, cree que debería fijarse “un único criterio a la hora de impartir” esta materia, evitándose que en algunos centros se realicen trabajos “extraordinarios” y en otros apenas se aborden nociones básicas que acerquen a los escolares a este arte.
El crítico Juan Garrido también defiende que el flamenco esté presente en las escuelas, pero siempre que se cuente para ello “con las personas que realmente entienden” de esta materia y pueden formar a los jóvenes.
Fran Pereira también apunta otra de las cuestiones en las que a su juicio debería profundizar la ley. “En la pandemia se han visto las carencias del flamenco, porque un montón de artistas, los soldados rasos, se han visto con necesidades importantes a la hora de poder vivir, porque no había control legal, no estaban dados de alta, y todo eso les ha pasado factura”.
Juan Garrido incide en la situación de esos artistas que apenas ocupan titulares de prensa pero que son esenciales para mantener vivo el flamenco. “Es que el flamenco es mucho más que los cuatro festivales que se mueven con mucho dinero. Hay que ir a las entrañas, a los barrios, y a los maestros que son ignorados por los programadores porque ya no les venden entradas”, apunta.
También se reclaman ayudas e incentivos para los investigadores, que en la mayor parte de las ocasiones deben asumir el coste de sus propios trabajos.
En este sentido, el presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez pone un ejemplo gráfico de la carencia de medios que existe en esta materia, lamentando que el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco se encuentre cerrado desde el pasado mes de julio “porque la ordenanza se jubiló” y ha sido necesario iniciar un procedimiento para sustituirla.
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