La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, entiende que los datos del paro que se han conocido este jueves avalan la demanda de un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin necesidad de esperar más tiempo.
En rueda de prensa, Castilla no encuentra “argumentos” para retrasar esa subida del SMI, ya que tanto la clase política como la empresarial van analizar los datos del paro en clave de “éxito” y como una señal de “recuperación” tras la crisis motivada por el Covid-19.
La dirigente sindical ha preguntado “qué empresa no se puede permitir ahora una subida de 20 euros al mes” para los trabajadores con salarios más reducidos.
Ha apelado a la “empatía” de esos empresarios que en estos últimos meses se han visto favorecidos por las medidas económicas que han permitido “el mantenimiento” de sus sociedades, exigiéndoles que “se sienten en la mesa de diálogo social, sean consecuentes y devuelvan el esfuerzo que ha hecho la sociedad a través de sus impuestos”.
Por este motivo consideraría “una barbaridad” que la clase trabajadora tuviera “de nuevo que esperar” a ese incremento del SMI, más aún cuando por el contrario sufre los efectos motivados por una inflación del 3,3 por ciento que afecta a bienes esenciales como el consumo eléctrico.
Castilla ha recordado a este respecto que la clase trabajadora “soportó la crisis económica-financiera y ahora pretenden que pague también una crisis de origen sanitario”, algo que el sindicato tratará de impedir “con movilizaciones”.
La secretaria general de UGT en Andalucía cree que los datos del paro de agosto “tienen una primera lectura positiva”, pero a partir de ahí ponen de manifiesto la necesidad de acometer una “reforma profunda de las condiciones laborales” en el sector servicios, donde se acumula “mucha precariedad”.
También ha mostrado su preocupación por la elevada siniestralidad, con datos “inaceptables”, reivindicando en este sentido campañas de sensibilización similares a las que se ponen en marcha para reducir los accidentes de tráfico y un incremento del cuerpo de inspectores y subinspectores que vele por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
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