La Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha propuesto la adjudicación a Infraestructuras Urbanas y Medioambientales S.L. (Inur) del contrato de mantenimiento y reparación de la vía pública por un periodo de dos años al considerar que la suya es la oferta más ventajosa para el Consistorio de las cuatro que se habían presentado.
La empresa deberá aportar ahora la documentación complementaria previa a la adjudicación definitiva de este contrato, cuyo coste inicial fue estimado por el propio Ayuntamiento en unos 600.000 euros.
El objeto del contrato no es otro que la ejecución de las obras de conservación, mantenimiento y reparación de las infraestructuras existentes en espacios libres públicos y en la red viaria tanto de dominio público como en los espacios libres públicos.
En general, las obras que asumirá la empresa concesionaria de este servicio serán las de asfaltado de calles, reparación de baches, hundimientos y desperfectos de la pavimentación tanto de aceras como de calzadas y la adaptación de badenes existentes a la normativa en vigor para la supresión de barreras arquitectónicas y otras normativas.
La empresa adjudicataria actuará en función de las necesidades que vaya estableciendo en cada momento el Consistorio.
Además, deberá disponer de los medios necesarios tantos de personal, auxiliares y materiales, para poder atender esas necesidades.
Los trabajadores que sean contratados por la empresa concesionaria no tendrán “ningún tipo de relación laboral con el Ayuntamiento”.
El pliego de condiciones contempla igualmente la puesta en marcha de un servicio de guardia permanente para atender órdenes de emergencias, que se comunicarán al interlocutor de guardia desde la Delegación municipal de Infraestructuras.
No hay personal municipal
La memoria justificativa que amparaba esta licitación argumentaba que el Consistorio “no cuenta con los medios humanos y materiales necesarios para cubrir las exigencias derivadas de la obligación de prestar el servicio que se pretende contratar”, recordándose a este respecto la obligatoriedad que tiene la Administración local de garantizar el mantenimiento de la vía pública.
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