“Mi hija Emma, de casi cinco años, tiene muchos traumas y tengo que claro que cambiarla del Centro de Atención Temprana (CAIT) del San Juan Grande, en el que entró con cinco meses, sería un trauma grandísimo para ella. Yo me quedaría sin CAIT, pediría el alta voluntaria”. Como Miriam Barea, madre de esta pequeña con Síndrome de Treacher-Collins, se encuentran un centenar de familias usuarias del citado centro concertado con la Junta, que desde hace dos semanas viven con la incertidumbre y el temor de qué va pasar con sus hijos a partir del 30 de junio. “Mi hija nació en mayo de 2017 y en agosto de 2017 ya estaba en el CAIT. Era bebé. ¿Que la cambie ahora?¿Que la lleve adónde? Es absurdo. Nuestros niños no son las 31.000 horas, no son papeles ni cifras, son niños que tienen que estar protegidos y cubiertos por ley de 0 a 6 años”, señala otra progenitora. “El mío no tenía ni la cuarentena”, añade otra madre coraje que se une a la conversación y también se ha reunido de forma simbólica con otras familias en la Alameda Vieja para pedir a la Delegación territorial de Salud y Familias que rectifique y no les obliguen a cambiar de centro.
Fue hace unos 15 días cuando conocieron lo que se les venía encima de manera informal “puesto que todavía nadie nos ha mandado una carta explicándonos qué va a pasar tras la licitación”, señalan. Se refieren al último concierto social para la prestación del servicio de atención temprana, después de que se haya adjudicado íntegramente a uno de los centros CAIT que participaban en la licitación, la Fundación Upacesur, a la que se ha adjudicado el denominado lote 18, que se compone de 31.488 sesiones anuales. Teniendo en cuenta las dos sesiones por parte a la semana de 45 minutos, se extraen varias conclusiones: que un paciente requiere de 96 sesiones al año y que la licitación está contemplada para 328 pacientes aproximadamente.
Una cifra de la que están seguros que no se corresponde con la situación real de la ciudad. “Sumando el número de pacientes que actualmente reciben dicho servicio y los que hay en lista de espera, se supera con creces esos 328 pacientes que contempla esa licitación”. Ellos tienen la “suerte” de haberse enterado, pero también les consta que en otros CAIT de la ciudad puede haber familias que ni siquiera conozcan lo que está ocurriendo.
Por esta razón y dejando claro de antemano que no tienen ningún problema con Upacesur ni cuestionan la valía de sus profesionales, reivindican su derecho a poder ejercer la libre elección de centros y profesionales médicos. “Tenemos un centro y unos profesionales que nos gustan, que están beneficiando a la salud de nuestros hijos y de buenas a primeras nos lo cambian sin tener en cuenta ni a los niños ni la opinión de las familias. Queremos que nos escuchen y que nos den una solución”, señalan.
Además del trastorno que consideran que supondría dejar su centro, alertan del perjuicio para sus hijos, pues en el caso de este CAIT concreto emplean una metodología en la que involucran desde el primer momento a las familias, lo cual no se da en el resto. Sin contar con que consideran a estos profesionales como parte de su familia. “Ellos te sostienen para que no te caigas tras el diagnóstico. Son niños con mucho trabajo detrás, pero aquí en este centro están empoderados. No son dos horas a la semana, son un grupo que te transmite mucho. Yo llamo para contar algún avance de mi hijo al terapeuta antes que a un familiar. Estamos hablando de niños que desde que hacen están luchando por lo que sea: por sobrevivir, por avanzar, por aprender, y que se van a encontrar mil historias. Lo que no podemos encontrarnos es con un pisotón o un ladrillo delante del que venga arriba, que se supone que nos tiene que proteger”
Incertidumbre
“Estamos muy contentos, porque nos dejan estar en las sesiones clínicas con nuestros hijos para que aprendamos con los terapeutas para después seguir con las sesiones en casa. También entienden que el traslado sería contraproducente para su evolución a la hora de romperles su rutina. “Puede afectarles a su salud psíquica, estamos hablando con niños con distintas discapacidades y resulta paradójico que el concurso puntúa que el centro tenga personal fijo para que los niños no estén sujetos a cambios y ahora nos cambien de centro por un trámite burocrático”.
De momento, han remitido un escrito a la Delegación territorial de Salud, al Defensor del Menor y del Pueblo Andaluz y están recogiendo firmas en Change.org, mientras cruzan los dedos para que el recurso presentado por el San Juan Grande prospere para que se le tenga en cuenta unos certificados de calidad con la que igualaría en puntuación a Upacesur y podría seguir manteniendo su CAIT concertado.
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